La oficina de la ONU para los Derechos Humanos manifestó este viernes “sus crecientes preocupaciones” por las medidas adoptadas en Nicaragua para “silenciar” a la disidencia y denunció 63 detenciones “arbitrarias” en mayo, de las cuales 55 fueron acusadas de “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.
“Al parecer, el gobierno usa estos cargos para silenciar a sus críticos”, alertó en una conferencia de prensa Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En ese contexto, reclamó el cese de la represión y de las medidas contra dirigentes y entidades vinculadas a la Iglesia católica.
Entre ellos está el obispo Rolando Álvarez, detenido en agosto de 2022 y condenado a 26 años de cárcel en condiciones que “violan los estándares internacionales de derechos humanos” y la expulsión del país esta semana de tres monjas, mientras que otras tantas quedaron recluidas dentro de su convento.
La ONU lamenta que el gobierno acusara a la Iglesia de ser “una organización criminal” y buscar “la desestabilización del país”.
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También exige la “inmediata” excarcelación de los presos políticos, así como la reapertura de los medios y organizaciones cerrados desde las protestas de 2018.
De acuerdo con el organismo, más de 3.200 organizaciones fueron ilegalizadas desde mediados de 2022, según recogió la agencia de noticias Europa Press.
Las manifestaciones comenzaron por una reforma al sistema de seguridad social, pero evolucionaron en un movimiento contra el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones cuestionadas por la oposición.
La ONU recordó que, a mediados de mayo, la Corte Suprema suspendió las licencias de más de 20 abogados y notarios críticos, y la mayoría de ellos fue despojada de su nacionalidad en febrero, cuando el Poder Ejecutivo privó de la ciudadanía a 222 personas.
Para Naciones Unidas “sería un paso importante” poder tener acceso al país y sostiene que cualquier solución pasa por el diálogo, la rendición de cuentas y “reformas institucionales y legislativas” que permitan “restaurar el Estado de Derecho”, agregó Hurtado.
Fuente: Télam
