El Gobierno de Donald Trump presentó una propuesta que otorgaría a los jueces de inmigración la facultad de imponer multas civiles de entre 1.000 y 3.500 dólares a inmigrantes, abogados o testigos que desacaten las órdenes de los tribunales migratorios de Estados Unidos.
La iniciativa fue publicada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EIRO) en el Registro Federal y, de aprobarse, marcaría la primera vez que estos magistrados podrán aplicar sanciones económicas por desacato dentro de los procesos migratorios.
La propuesta ha generado críticas porque no contempla la posibilidad de sancionar a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), calificó la medida como «totalmente sesgada» y afirmó que representa un nuevo intento de intimidar a los abogados especializados en inmigración.
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Los tribunales de inmigración en Estados Unidos dependen del Poder Ejecutivo y no del sistema judicial federal, una situación que, según especialistas, permite al Departamento de Justicia modificar sus reglas de funcionamiento con mayor facilidad.
La normativa permanecerá durante 60 días en consulta pública para recibir comentarios antes de que el Gobierno decida si la implementa de manera definitiva.
La propuesta se suma a otras medidas impulsadas por la administración Trump para endurecer la política migratoria. En los últimos meses, más de 100.000 extranjeros recibieron notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reclamando multas de 998 dólares por cada día de permanencia en el país tras una orden de deportación. En algunos casos, las sanciones acumuladas superan el millón de dólares.
FUENTE: EFE.
IMÁGEN: EFE/ Octavio Guzmán.
