Volker Türk, alto comisionado de la ONU, reclama justicia por los asesinatos y detenciones arbitrarias durante las protestas postelectorales en Venezuela, mientras el gobierno rechaza las críticas internacionales.
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó este viernes una investigación inmediata y efectiva sobre los al menos 28 asesinatos ocurridos durante las protestas en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio. Además, instó a las autoridades a continuar liberando a los detenidos arbitrariamente en el contexto de esta crisis.
Durante su actualización ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk expresó preocupación por las condiciones de detención, denunciando casos de defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios y miembros de la oposición encarcelados. Entre los nombres destacados, mencionó a Rocío San Miguel y Javier Tarazona. Según datos oficiales, unas 2.000 personas fueron detenidas, de las cuales solo un centenar ha sido liberado bajo condiciones restrictivas.
El comisionado subrayó su inquietud por el uso de legislación antiterrorista contra manifestantes, así como por las denuncias de desapariciones forzadas y malos tratos en las cárceles. Türk instó al gobierno venezolano a garantizar condiciones de detención conformes a las normas internacionales, señalando problemas graves como el hacinamiento y la falta de atención médica adecuada para los reclusos.
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Asimismo, el alto comisionado denunció un aumento en las amenazas y el acoso contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales y miembros de la oposición. Türk destacó que muchos de ellos han debido abandonar el país, pidiendo a los Estados vecinos mayor flexibilidad en el manejo de documentos de identidad expirados para facilitar su protección.
En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, Türk señaló que varias han cesado sus actividades debido a presiones que incluyen vigilancia, detenciones y la aplicación de legislaciones restrictivas, como la Ley Simón Bolívar. Estas medidas, aseguró, limitan las libertades fundamentales y contribuyen a un clima de miedo que obstaculiza el trabajo de la sociedad civil.
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Por su parte, Alexander Yánez, embajador venezolano ante la ONU, rechazó las declaraciones de Türk, calificándolas de parciales e injustas. Yánez acusó a la ONU de dañar su credibilidad con críticas que, según él, no respetan la soberanía venezolana. Además, cuestionó las acciones internacionales hacia Venezuela, denunciando lo que llamó «diplomacia del engaño».
A pesar de estas tensiones, Türk reafirmó el compromiso de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU con la reanudación total de sus actividades en Venezuela. “Mi oficina puede desempeñar un papel clave en la construcción de puentes entre las instituciones estatales y el pueblo venezolano”, concluyó.
Fuente: EFE
Foto: Archivo
