La falta de competitividad, los altos costos energéticos y la presión impositiva ponen en jaque al sector arrocero entrerriano, que podría perder casi una quinta parte de sus productores en la próxima campaña.
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El sector arrocero argentino, y en particular el de la provincia de Entre Ríos, atraviesa una de sus crisis más profundas de los últimos años. Según alertó el productor e industrial Jorge Paoloni, ex presidente de la Federación de Entidades Arroceras, se proyecta una reducción del 15% en la superficie sembrada y la salida del 17% de los productores debido a la pérdida de rentabilidad y a un entorno económico cada vez más adverso.
“Fue una de las mejores campañas de la última década en términos de rinde, pero con los precios actuales y los costos internos, los números no cierran”, señaló Paoloni en diálogo con Ámbito. El precio internacional ronda entre 200 y 210 dólares por tonelada, un valor con el que países como Uruguay, Brasil o Paraguay exportan con ganancias, pero que en Argentina resulta inviable por los sobrecostos estructurales.
Uno de los principales problemas que enfrenta el sector es el costo de la energía eléctrica para riego, que puede representar hasta el 33% del costo total por hectárea. En Entre Ríos, la distribuidora ENERSA impone cargos fijos durante todo el año, aunque el servicio solo se utilice por tres meses, lo que agrava aún más la situación.
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Además, el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos al 5%, dispuesto recientemente por el gobierno provincial, suma presión a una estructura fiscal que, sumando IVA, cargas sociales e impuestos locales, supera el 50% de la rentabilidad del sector, según estimaciones de los productores.
A esto se suma la falta de infraestructura portuaria eficiente. Aunque la provincia cuenta con puertos como Concepción del Uruguay e Ibicuy, estos están subutilizados, lo que obliga a los productores a trasladar su producción hasta Rosario o Buenos Aires, encareciendo aún más la exportación.
“El productor argentino tiene capacidad y tecnología. Pero necesita un entorno económico que no lo castigue por trabajar”, remarcó Paoloni, quien dirige una pyme familiar arrocera en San Salvador, con 50 empleados y una planta que forma parte del entramado industrial de la región.
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El panorama actual favorece la concentración del negocio en grandes grupos industriales, con logística propia y acceso directo a los mercados. En cambio, los pequeños y medianos productores enfrentan dificultades crecientes, incluso tras haberse reinsertado al sector en 2023 durante el alza de precios.
A pocas semanas de definirse la próxima campaña de siembra, el riesgo de retroceso es real. Si no se adoptan medidas urgentes —como adecuar tarifas eléctricas, reducir la carga fiscal y activar la infraestructura portuaria—, el arroz, una economía regional clave, podría sufrir una contracción severa en producción, empleo y capacidad exportadora.
Fuente: Ámbito Financiero
Foto: Archivo
