El Gobierno nacional mantiene bajo revisión el proyecto del denominado “super-RIGI” y prevé enviarlo al Congreso durante la próxima semana. En la Casa Rosada reconocen que la iniciativa sufrió demoras por observaciones de equipos técnicos, pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que el texto ingresaría esta semana al Parlamento.
Desde el Ejecutivo aseguran que el proyecto “está muy avanzado”, aunque todavía esperan devoluciones de distintas áreas antes de cerrar la redacción final. La propuesta es considerada una de las principales apuestas económicas del Gobierno de Javier Milei para recuperar la iniciativa política y reordenar la agenda legislativa en medio de tensiones internas y negociaciones con aliados parlamentarios.
La iniciativa comenzó a tomar forma tras una conversación entre Caputo y Milei durante el regreso del viaje presidencial a Estados Unidos. Según explican en el equipo económico, el objetivo es ampliar los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vigente, especialmente para sectores estratégicos que aún no cuentan con fuerte desarrollo local y requieren mayores incentivos fiscales para competir por inversiones internacionales.
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El RIGI original fue creado mediante el Título VII de la Ley 27.742 e incluyó beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes proyectos de inversión. En febrero, el oficialismo extendió por un año el plazo de adhesión al esquema a través del Decreto 105/2026. Ahora, el “super-RIGI” busca profundizar esos incentivos con una alícuota de Ganancias reducida al 15%, amortización acelerada de inversiones y eliminación de aranceles de importación y retenciones a las exportaciones vinculadas a los proyectos alcanzados.
Además, el borrador contempla exigencias para provincias y municipios que adhieran al régimen. El Gobierno pretende que las jurisdicciones establezcan una alícuota de Ingresos Brutos inferior al 0,5% y que las tasas municipales no estén atadas a las ventas de las empresas beneficiadas. Ese punto abre una negociación directa con gobernadores e intendentes, ya que implicaría limitar tributos locales para las inversiones incluidas en el programa.
En Balcarce 50 afirman que el texto busca ofrecer “seguridad jurídica” para evitar futuras judicializaciones y atraer inversiones en sectores considerados estratégicos, como litio, hidrógeno verde, GNL, energía nuclear, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, industria aeroespacial y fertilizantes. Mientras los equipos técnicos terminan de definir detalles como el monto mínimo de inversión, el oficialismo también analiza la estrategia parlamentaria y evalúa por cuál de las cámaras ingresará el proyecto.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: X @JMilei.
