El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta incluida en la reforma laboral que busca estimular la contratación de trabajadores registrados mediante una fuerte reducción de las contribuciones patronales. La medida comenzó a regir en mayo, luego de un fallo judicial favorable al Ejecutivo.
El esquema establece beneficios para las empresas que incorporen empleados en el sector privado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. El alivio fiscal se extenderá durante cuatro años y apunta especialmente a personas desempleadas, monotributistas y ex trabajadores del sector público.
Actualmente, las contribuciones patronales rondan el 18%, pero bajo el nuevo régimen se reducirán al 5%. De ese porcentaje, tres puntos estarán destinados al sistema jubilatorio y dos al PAMI. Además, las empresas deberán aportar a un fondo destinado al pago de indemnizaciones, cuya reglamentación todavía está pendiente.
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Desde el sector legal y empresario reconocen que la iniciativa puede aliviar costos laborales y facilitar nuevas incorporaciones. Marcelo Brandariz, socio líder de Servicios Legales de PwC Argentina, sostuvo que la medida podría mejorar las oportunidades de acceso al empleo formal y brindar mayor competitividad a los empleadores.
Sin embargo, distintos referentes advirtieron que el impacto del régimen dependerá del contexto económico. Pablo Loyola, vicepresidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, señaló que muchas pymes enfrentan una caída en el consumo y priorizan sostener su actividad antes que expandir sus plantillas de personal.
En la misma línea, el abogado Ernesto Sanguinetti consideró que el RIFL puede incentivar la formalización laboral, aunque no garantiza por sí solo una expansión genuina del empleo. Según explicó, el efecto final dependerá de si las empresas utilizan el beneficio para generar nuevos puestos de trabajo o simplemente para reducir costos sobre contrataciones ya previstas.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: Senado.
