La próxima semana, la Cámara de Diputados será el escenario de un intenso debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, una iniciativa impulsada por el oficialismo. Este proyecto generó divisiones tanto en el oficialismo como en la oposición, marcando un punto de inflexión en la discusión del Régimen Penal Juvenil.
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El oficialismo, en conjunto con el PRO y La Libertad Avanza, decidió avanzar en dos iniciativas clave: la ley Antimafia para combatir el delito organizado y la reforma del Código Penal para reducir la edad de imputabilidad. El debate se llevará a cabo el miércoles 31 a las 12:30 en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y de Presupuesto y Hacienda, presidido por Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Buenos Aires) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires).
Unión por la Patria solicitó que se amplíe el giro a la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, presidida por la radical Roxana Reyes, argumentando que el debate debe incluir la perspectiva de los menores.
El proyecto del oficialismo propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos, con una pena máxima de 20 años y la prohibición de la reclusión perpetua. En los fundamentos del proyecto, el Gobierno destaca que «la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral».
Por otro lado, existen varios proyectos en las comisiones. El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, con reclusión en un centro especializado hasta la mayoría de edad. Á
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lvaro Martínez, de La Libertad Avanza, presenta la propuesta más dura, con prisión de hasta 10 años para menores entre 12 y 16 años, y hasta 15 años para aquellos que superen esa edad. Unión por la Patria, por su parte, impulsa un proyecto que no baja la edad de imputabilidad, pero establece un mecanismo de sanciones menores y reinserción social, con un tope de diez años de pena.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: Chequeado.
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