Se presentó este lunes la Campaña de Documentación de las Personas Privadas de la Libertad, proyecto articulado entre el Ministerio de Gobierno y Justicia, de Seguridad y de la Defensa Pública.
Al respecto, el ministro de Gobierno y Justicia, Cristián Ayala, sostuvo que «es muy importante acompañar está iniciativa ya que la portabilidad del documento de identidad nos permite realizar diversos trámites, así como también lo explicaba la ministra de Educación, relacionados al área formativa de la institución. Esperamos avanzar exitosamente de aquí hacia otros puntos de la provincia».
Por su parte, la encargada de la cartera de Educación, Florencia Perata, señaló que esta iniciativa «nos va a ayudar a nosotros al momento de certificar los títulos -de los internos-, tanto secundarios de la Escuela N° 7.713 y también de los cursos profesionales que se emiten. Es por ello que se trata de un requerimiento fundamental tener la documentación en regla».
A su vez, el defensor de la Defensoría Pública, Sebastián Daroca, indicó que «se estima que serán aproximadamente 150 documentos de identidad que se van a realizar en esta institución (Instituto Penitenciario Provincial N° 1). Luego se prevé continuar en la Alcaidía y el Centro de Detención de Trelew».
En tanto, la ministra del Superior Tribunal de Justicia y presidenta de la Sala Penal, Camila Banfi, resaltó que «en el día de la fecha nos convocamos para iniciar con el proyecto de registro de las personas (RENAPER) para la identificación de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad que no tengan su documentación al día, por lo que el Registro Civil llevará adelante el trabajo acá en el Instituto Penal», y sentenció que «se trata de un proyecto que se viene gestionando hace meses ya que está vinculado con otro proyecto de educación, entre otros derechos. Tener el D.N.I. al día te habilita en multiplicidad de trámites».
Para finalizar, la directora de directora General de Registro Civil y Capacidad de las Personas, María José Llanes, explicó que «la campaña se desarrollará durante cinco jornadas y luego se extenderá a diversos lugares de detención existentes en la provincia a lo largo del año», y agregó que «el programa tiene como política pública central fortalecer los procesos inclusivos así también como los dispositivos laborales y formativos, impulsando y garantizando los derechos de las personas privadas de su libertad».
