El empresario Lázaro Báez, quien está siendo juzgado por casos de supuesta corrupción, empezó a cumplir esta noche su arresto domiciliario en un lugar que se mantiene en reserva, al cual fue trasladado desde el penal de Ezeiza, informaron a Télam fuentes judiciales.
El domicilio secreto fue propuesto a las autoridades por los abogados de Báez, quien tuvo que pasar casi dos días nuevamente en la cárcel de Ezeiza luego de que vecinos del country Ayres de Pilar, donde el empresario tiene una casa, le impidieron ingresar a ese barrio cerrado del norte del Gran Buenos Aires.
Báez, quien está siendo juzgado por supuesto lavado de dinero e irregularidades en la adjudicación de obra pública, recibió el lunes pasado el beneficio de estar detenido en su casa, tras cuatro años y medio con prisión preventiva, que le fue otorgado por el Tribunal Oral Federal 4, al acatar un fallo en ese sentido emitido por la Cámara Federal de Casación Penal.
Ese día el empresario fue trasladado desde la cárcel al country, donde lo estaba esperando un grupo de vecinos que le impidieron ingresar e incluso dañaron la camioneta del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que lo llevaba.
Después de varios intentos fallidos por entrar, Báez fue llevado nuevamente, con anuencia judicial, al Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, para quedarse allí a la espera de la designación de un nuevo domicilio.
Este martes hubo una audiencia virtual entre su defensa, el fiscal Abel Córdoba y el TOF 4, en la que se analizaron las opciones.
Finalmente, en las últimas horas se estableció un nuevo domicilio para que Báez cumpla la detención con tobillera electrónica, con la condición de que esa dirección se mantenga en secreto para evitar disturbios y garantizar la seguridad del empresario, dijeron los portavoces. De tal manera, Báez salió de la prisión y fue llevado a ese lugar, se explicó.
El dueño de Austral Construcciones recibió la prisión domiciliaria en una causa en la que está imputado por supuesto lavado de dinero, aunque a la vez está siendo sometido a juicio oral y público acusado de otros presuntos delitos.
La sociedad que administra el Barrio Cerrado Ayres de Pilar había pedido a la justicia que «evalúe» fijar un «domicilio alternativo» para Báez a fin de «preservar la seguridad de los habitantes» del country.
Pero en una carta que dirigió a los vecinos del barrio la administración afirmó que se mantendrá «a derecho frente a lo que disponga la justicia y no permitirá ningún tipo de excepción». También aseguró que «nunca» fue impedido el ingreso de Báez y de las fuerzas de seguridad y pidió que «cualquier tipo de manifestación pública sea pacífica, respetuosa y sin olvidar las normas de seguridad y aislamiento sanitario».
