El juez Fabio Monti resolvió otorgarle la libertad al contratista Daniel Smith, responsable de la empresa Ramida SRL, en una audiencia de control de detención que se realizó este lunes en la Oficina Judicial de Rawson.
Sin embargo, Smith -responsable de la empresa Ramida SRL- tendrá la obligación de presentarse en la oficina judicial mientras dure el proceso.
El contratista cumplía prisión preventiva por intentar ocultar documentación en el momento que se realizaba un allanamiento. La arrojó a un inodoro y a un desagüe cloacal.
La causa investiga contrataciones realizadas por el Ministerio de Educación para la refacción de escuelas en la provincia y contempló distintos procedimientos que se realizaron en oficinas públicas, domicilios particulares y empresas.
Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams lo imputaron por “llevar adelante distintos aportes tendientes a quedarse con las obras de mantenimiento y refacción de las escuelas”.
El defensor que asistió al imputado fue el doctor Emilio Galende.
LA CAUSA
Para los fiscales, “existió un direccionamiento en la selección de los proveedores que llevaron a cabo las obras de mantenimiento en las distintas escuelas”. Y la misma se llevó a cabo en el propio Ministerio de Educación.
“El trabajo realizado por los contratistas tiene como común denominador, la limpieza de cocinas, caloramas, cambio de cerraduras, cambio de tubos fluorescentes, arreglos menores en baños como pérdidas de agua, etc. Lo que significaba poco tiempo de mano de obra”, indicaron Rodríguez y Williams, a cargo de la causa judicial.
Con posterioridad al pago anticipado a distintos proveedores, se armó un ficticio concurso de precios: los oferentes que fingían competir en la puja de precios para quedarse con las obras. Así se confeccionaron falsas cotizaciones entre personas estrechamente vinculadas entre sí. (socios, parejas, pariente, empleados de las propias empresas, etc.) “quienes actuaron en forma coordinada o “cartelizada” para que sus ofertas tuvieran un precio similar excesivo e injustificado”, indicaron los investigadores en su escrito.
IRREGULARIDADES Y PRESUNTOS SOBREPRECIOS
Las cotizaciones de las distintas empresas todas tienen la misma fecha: 16/01/19, un mes antes de la resolución ministerial donde se asignaran las partidas.
No surge como fue el procedimiento de invitación a cotizar a dichas empresa.
Se detectaron sobreprecios. Por ejemplo, tablas para el baño se facturaron por encima de los dos mil pesos, cuando en el mercado tiene un costo de 200. La limpieza de caloramas facturaron por más de 6000 cada uno, cuando en el mercado surge que tiene un costo de 500 pesos.
Hay casos que las empresas hicieron lo que ya venía digitado desde el Ministerio, no coincidiendo con la verdadera necesidad de las escuelas. Otros supuestos que ni siquiera terminaron con los arreglos.
Se dio un caso que tenía que cambiar una reja del frente de la escuela, y colocaron una reja usada oxidada, etc.
Algunas de las facturas presentadas eran de numeración 0000001.
También surge que habrían falseado cotizaciones. En una compulsa, dos empresarios dijeron que no participaron de la misma, “y a serle exhibidos las cotizaciones obrantes en la documentación halladas en el Ministerio de Educación, ambos dijeron no reconocer ni los documentos, ni las firmas allí estampadas”.
Fuente: Área de Comunicación Institucional del MPF (Oficina Rawson).
