Luis Petri enfrenta cuestionamientos por el colapso en FADEA, la crisis del IOSFA y un DNU que habilita tareas represivas de las FFAA sin aval parlamentario. Reclaman su presencia en el Congreso.
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La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, atraviesa una creciente crisis institucional, con severos cuestionamientos que provienen tanto de legisladores como de sectores internos de las Fuerzas Armadas. En simultáneo al vaciamiento de empresas estratégicas como FADEA y la obra social IOSFA, se realizaron millonarias compras bajo secreto militar, y se aplicaron reformas por decreto sin respaldo legislativo ni consenso militar.
La situación estalló tras el caso de Brisa Páez, una joven de la Marina internada tras recibir un golpe durante un entrenamiento antidisturbios. El senador Oscar Parrilli (Unión por la Patria) pidió la presencia de Petri en el Congreso para explicar por qué la Armada realiza ensayos de represión callejera. Aunque el Senado rechazó la citación, la polémica persiste.
El decreto 1112/2024, vigente desde diciembre, permite a las Fuerzas Armadas actuar en seguridad interior sin declarar el estado de sitio. Petri lo defendió en agosto ante la Comisión de Defensa, asegurando que las FFAA se subordinan a la ley. Pero Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto, advirtió que la medida sólo protege al poder político y que podría “soltar al Rottweiler”. Legisladores opositores y provinciales ahora impulsan su derogación.
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Al mismo tiempo, se agravó el conflicto en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), paralizada por falta de fondos. Aunque el Ministerio de Defensa anunció el pago de deudas, reina la incertidumbre entre trabajadores. La planta, considerada estratégica para la defensa y la industria tecnológica, quedó prácticamente detenida hasta nuevo aviso.
Otro foco de tensión es el colapso administrativo del IOSFA, que cubre a más de 600.000 afiliados. Tras la renuncia de Roberto Fiochi, su último director, el endeudamiento continúa creciendo. Se sospecha de un eventual convenio de confidencialidad con empresas de medicina prepaga para privatizar parcialmente el servicio, sin garantizar cobertura en zonas rurales y remotas.
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Mientras FADEA y IOSFA se desmoronan, el Ministerio de Defensa concretó la compra de 24 aviones F-16 por u$s301 millones y planifica obras complementarias. Todo el proceso se mantiene bajo secreto militar. Además, circulan versiones sobre una interna en el Gabinete por la distribución de bienes de COVIARA, la empresa estatal de viviendas para la Armada.
El clima es tenso en el Congreso. Diputados buscan interpelar a Petri antes de las elecciones de octubre, mientras que el funcionario evita dar explicaciones. Su silencio se suma al de otros ministros como Caputo y Cúneo Libarona, ausentes tras el escándalo de la criptomoneda $Libra. La crisis en Defensa, lejos de cerrarse, amenaza con escalar.
Fuente: Ámbito Financiero
Foto: Archivo
