Mediante un comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut repudiaron las declaraciones del Ministro de Seguridad, Federico Massoni, respecto al Poder Judicial provincial.
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En este contexto, apuntaron que la Justicia “tiene el deber funcional de velar por el cumplimiento de las garantías y los derechos ciudadanos”.
“La protección de los bienes e intereses jurídicos de todos los habitantes, sin excepción alguna, constituye el pilar de nuestro pacto constitucional”, remarcaron, haciendo hincapié en que “los derechos fundamentales son universales, inalienables e indisponibles”.
“En su carácter de Ministro de Seguridad debería saber que su obligación esencial es la de custodiar los derechos de la ciudadanía toda que, obviamente, incluye a las personas acusadas o condenadas”, apuntaron.
Además, “debería conocer que es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo garantizar lugares de detención que cumplan con las exigencias impuestas por las normas nacionales e internacionales en la materia”.
En esta línea, señalaron que “el Ministro juró públicamente cumplir y hacer cumplir las Constituciones y Leyes de la Nación y de la Provincia”, cuando el artículo 18 de la Constitución Nacional, establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
La Constitución Provincial, en tanto, “también lo dejó establecido expresamente (art. 22) y desde el 2006 las obligaciones de los jueces y juezas respecto de las condiciones carcelarias para las personas detenidas fueron incorporadas al texto del Código Procesal Penal”.
Es por ello que “garantizar los derechos de quienes se hallan privados de su libertad no significa, en modo alguno, ignorar o desatender los derechos del resto de la ciudadanía”.
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Es por ello que advirtieron la “gravedad institucional de las manifestaciones del Ministro –las cuales- exigen la inmediata intervención del Gobernador para poner un límite a su actitud”.
Advirtieron que “el ilegítimo proceder del Funcionario, además de inscribirse en una campaña de desprestigio de otro poder del Estado, atenta contra la paz social”.
