La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial emitió un nuevo comunicado en el que volvió a insistir en las irregularidades y observaciones hechas respecto a la designación de los 4 ministros del Superior Tribunal de Justicia.
Esto lo hicieron ante el anuncio efectuado el Procurador General de disponer “la formación de una comisión para investigar todos los delitos que se habrían cometido ‘de uno y otro lado’ en el seno de la Legislatura” el 15 de diciembre.
En dicha jornada se aprobó la “Zonificación” que fue derogada “en el marco de una coyuntura social extraordinaria, en la cual la ciudadanía le dio una lección de democracia directa al poder político”.
Es por ello que en medio de este contexto “la Asociación aguardaba, por parte de las personas seleccionadas para acceder a la máxima Magistratura provincial, el gesto ético de supeditar la asunción en el cargo hasta tanto se compruebe la existencia o inexistencia de delitos” en la jornada legislativa.
Esto no solo porque en esa sesión se aprobaron los pliegos sino que también se designó al Fiscal Anticorrupción y se aprobó la Ley de megaminería. Apuntaron que en el caso de los pliegos, “el proceso de selección no respetó la Ley V Nº 152 y se ignoraron numerosos cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales respecto de las postulaciones”.
Es por ello que se esperaba este “gesto ético” para “preservar la legitimidad del Poder Judicial, por cierto muy cuestionada por toda la ciudadanía y de velar para que el Superior Tribunal de Justicia no se vea impregnado de sospechas”.
Lamentaron que esas sospechas “subsistirán mientras no se dilucide que fue lo que realmente ocurrió y las motivaciones por las que se tomaron determinadas decisiones”.
Sin embargo, pese a este escenario, el STJ “ha decidido adelantar el acto de asunción de los designados”, apuntando la trascendencia del acto ya que por 1ª vez “en 60 años asumirán 2 mujeres, sin dimensionar el alto valor simbólico que tiene para la lucha por la igualdad de la mujer”.
Por ello, sentenciaron que “con la asunción de estas personas, seleccionadas en un acuerdo político confirmado en la cuestionada jornada legislativa (del 15 de diciembre), se configurará un cuadro de grave afectación a la independencia interna y externa del Poder Judicial en relación a tales investigaciones”.
