El Gobierno nacional prepara la delegación que representará a la Argentina en las audiencias del 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania. El objetivo es obtener medidas provisionales que permitan frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas, mientras avanza el litigio con el Reino Unido.
Los embajadores Mario Oyarzábal y Betina Pasquali de Fonseca ya fueron designados como agente y coagente del Estado argentino, respectivamente. Ambos participaron de la presentación realizada el 13 de octubre, aunque todavía no se confirmó oficialmente quiénes viajarán para intervenir en las exposiciones orales.
La conformación de la delegación también involucra a la Secretaría Legal y Técnica y a la Procuración del Tesoro, organismos que colaboraron en la estrategia jurídica. Sin embargo, aún no está definido si sus máximas autoridades, María Ibarzábal y Sebastián Amerio, participarán de las audiencias. El Ejecutivo tampoco contrató estudios jurídicos privados en Alemania.
MIRÁ TAMBIÉN: Advierten por riesgos sanitarios en las plantaciones frutícolas del Alto Valle
El calendario de las exposiciones coincidirá con los últimos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Esa agenda institucional, que incluye actividades del presidente Javier Milei, es uno de los factores que el Gobierno debe considerar al organizar la representación en Hamburgo.
La Argentina expondrá el martes 10 de noviembre entre las 10 y las 13, mientras que el Reino Unido responderá por la tarde. El miércoles 11 habrá nuevas presentaciones de ambos países. Las audiencias serán públicas y podrán seguirse a través del sitio oficial del tribunal. Los jueces deberán evaluar si existen fundamentos para adoptar medidas urgentes, sin que la convocatoria implique una resolución favorable al reclamo argentino.
El procedimiento busca frenar el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa argentina apunta a impedir la explotación de hidrocarburos, proteger el medio marino y evitar decisiones que agraven la controversia, mientras sostiene sus derechos sobre los recursos de las islas y sus espacios marítimos.


