El Gobierno nacional se reunió con diputados de distintos bloques para acelerar el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas. El próximo martes 27 de octubre, a las 16, se reunirán en plenario las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para intentar emitir dictamen.
Del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, junto con legisladores del PRO, el MID y el Partido Justicialista. El oficialismo busca reunir los respaldos necesarios para llevar la iniciativa al recinto antes de que se complique el calendario parlamentario de noviembre.
Ravier afirmó que el Gobierno espera obtener un dictamen favorable para avanzar con la votación. “Esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos”, sostuvo, y remarcó que la cuestión Malvinas constituye una prioridad para la administración de Javier Milei.
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La propuesta plantea reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. Entre las medidas previstas figuran penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones para operar en el país y la creación de un registro público de infractores.
El proyecto también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, para coordinar acciones diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia. Entre sus facultades previstas se incluyen medidas urgentes ante amenazas graves, como el bloqueo temporal de activos y restricciones a operaciones financieras y comerciales.
Además, la iniciativa incorpora disposiciones sobre el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso, restricciones al financiamiento extranjero de partidos políticos y nuevos delitos vinculados con la inteligencia, la desinformación y el sabotaje. El proyecto también redefine aspectos de la Defensa Nacional y contempla medidas contra personas y entidades vinculadas con el terrorismo y su financiamiento.


