miércoles 24 abril 2024

María Laura Garrigós asumió como interventora del Servicio Penitenciario Federal

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Actualizado: 00:23 24/04 | downtack.com

La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, puso hoy en funciones a la nueva interventora del Servicio Penitenciaro Federal, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, informó la titular de la cartera de Estado.

«Puse en funciones a @marialgarrigos como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal. Trabajaremos estrechamente en los objetivos del gobierno en materia carcelaria», dijo Losardo en su cuenta de Twitter.

Garrigós construyó una carrera en el Derecho Penal a lo largo de 40 años ocupando distintas funciones en el Poder Judicial, en la docencia universitaria y en las asociaciones de abogados.

Nació el 4 de febrero de 1954 en la ciudad de Buenos Aires y se recibió de abogada en la UBA el 13 de marzo de 1979, a los 25 años. Años antes de recibirse, en enero de 1976, ingresó como empleada administrativa a la justicia nacional en el Juzgado de Instrucción 12 y en 1980 pasó al Juzgado de Instrucción 26, en el que permaneció hasta 1993, llegando al cargo de secretaria.

Su próximo destino fue como jueza en el Juzgado en lo Correccional 7, que condujo durante más de veinte años, hasta 2004, cuando fue nombrada por concurso en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, máximo órgano penal del país.

En paralelo a su actividad en los tribunales, Garrigós de Rébori desarrolló una labor docente en la Universidad de Buenos Aires, en las cátedras del ex miembro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni y también en la Universidad Católica de La Plata.

En 1993 participó de la fundación de la Asociación Argentina de Mujeres Jueces, cuya primera presidenta fue Carmen Argibay y una de sus principales promotoras, Elena Highton de Nolasco. Ambas serían luego parte de la Corte Suprema y muy cercanas a Garrigós de Rébori.

En 2012 asumió un nuevo compromiso cuando se convirtió en la primera presidenta de la asociación civil «Justicia Legítima» que nació, según sus bases fundacionales, para «promover un sistema de justicia más plural e independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos» y en oposición a los estamentos conservadores del sistema de justicia conocidos como la «familia judicial».

Ejerciendo el cargo de titular de la asociación civil, la penalista presentó su renuncia a la Cámara de Casación Penal porteña en 2018, cumpliendo los requisitos para jubilarse.

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