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Lo confirmó la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, quien este viernes dialogó con Radio 3 y brindó detalles sobre la causa que se les inició a cinco gremialistas del SUPA.
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La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, manifestó este viernes que, tras el procesamiento de cinco sindicalistas del Sindicato Empleados Portuarios Argentinos (SUPA), más empresarios de la pesca se animarían a denunciar hechos de «extorsión».
Al dialogar de forma exclusiva con Radio 3, Gómez precisó que la investigación que se formalizó este jueves es por «extorsión en concurso con amenazas», y detalló que la causa se inició a raíz de la denuncia de un grupo de empresarios.
«Con la denuncia pudimos ir recavando pruebas de las distintas cuentas bancarias en las que se iban acreditando los relatos de la denuncias», reconoció la investigadora.
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En la misma línea, recordó que «en el relato de la audiencia di a conocer los números de cuentas personales de los imputados y empresarios, donde habían realizado deposito y aclarando que las sumas de dinero no tenían absolutamente nada que ver y escapaban fuera de cualquier paritaria o convenio relacionado con su trabajo de la representación sindical«.
Sostuvo asimismo que la forma en la que se realizó la maniobra delictiva «permitió tener acreditados» los hechos. «Relacionamos las denuncias y lo expresado por los damnificados con las transferencias realizadas. Es un pago ilegal, eran fuera de todo convenio paritario», añadió.
Por otro lado, aclaró que pidió la inconstitucionalidad de los fueros de los imputados, ya que consideró que «los fueron están bien otorgados por la Constitución para que los representantes puedan ejercer con total libertad la representación gremial. Pero esto no implica que un ciudadano pueda realizar un ilícito, sino sería impune».
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La fiscal adelantó además que se van a peritar los teléfonos celulares de los imputados y sostuvo que está la posibilidad de que próximamente se les extienda la medida de coerción (un mes de prisión preventiva domiciliaria) que se les impuso.
«El hecho de que estos sindicalistas estén procesados va a permitir que otros grupos de empresarios se animen a hacer la denuncia. Hay muchos que no la hicieron por temor», expuso.
Para finalizar, Gómez precisó que solo fueron cinco las víctimas que se animaron a dar a conocer los hechos y aclaró que no toda la gente del SUPA está involucrada.
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