El hombre fue acusado por caza furtiva de una especie protegida. También aceptó pagar una reparación de $5 millones destinada a la conservación del animal.
Un hombre reconoció ante la Justicia Federal haber participado en la caza y muerte de un yaguareté ocurrida en diciembre de 2022 en la ciudad de Clorinda, Formosa. A través de un acuerdo de juicio abreviado, aceptó una pena de tres años de prisión de ejecución en suspenso por la caza de fauna silvestre cuya captura está prohibida.
El acuerdo fue presentado por la Unidad Fiscal Formosa, representada por los fiscales Marisa Vázquez y Luis Benítez. Además de la condena, el acusado aceptó pagar una reparación económica de 5 millones de pesos, que será destinada a programas y organismos vinculados con la conservación del yaguareté en la provincia.
La investigación comenzó luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que varias personas perseguían y cazaban a un ejemplar de yaguareté. La denuncia fue presentada el 29 de diciembre de 2022 por Nicolás Lodeiro Ocampo, presidente de la Fundación Red Yaguareté, y permitió iniciar las pesquisas para identificar a los responsables.
MIRÁ TAMBIÉN | El Vaticano avanza con los preparativos para la visita de León XIV a Argentina
Durante la investigación se estableció que el video pertenecía al imputado y se realizó un allanamiento en su domicilio. Allí fueron halladas armas, municiones y el cuero de un puma, entre otros elementos que permitieron avanzar sobre su responsabilidad en el delito de caza de animales silvestres.
El caso está contemplado en la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, que establece penas para quienes cacen especies cuya captura o comercialización se encuentra prohibida. La normativa contempla agravantes cuando el hecho es cometido por tres o más personas o mediante el uso de armas.
La jueza federal María Belén López Macé informó que dará a conocer la sentencia el próximo 7 de septiembre. La Fundación Red Yaguareté, la Administración de Parques Nacionales y la Fiscalía de Estado de Formosa participan en la causa como querellantes. Desde la Unidad Fiscal destacaron el carácter histórico del caso y la importancia de investigar la caza furtiva de especies protegidas o en peligro de extinción.
