El dirigente de Trelew José María Ramón dio algunos detalles a Radio 3 del informe de opinión pública que se elaboró sobre la megaminería. En este sentido explicó que “se llevó a delante un trabajo vinculado a conocer parte de la opinión pública sobre qué se sabe sobre la megaminería”.
“Desde FUDEPA venimos haciendo distintas investigaciones –y- es sobre la opinión de la gente respecto a temas que no son del día a día. En este caso estamos dando a difusión alguno de los resultados de este amplio informe que se va a publicar en marzo del año que viene”, resaltó.
Señaló que “nos encontramos que en tanto debate y tanta polémica, no había ningún estudio de opinión pública, ni de los gobiernos de turno ni de los movimientos ambientalistas”.
“Es por eso que decidimos hacer estas encuestas en profundidad en toda la región y estamos dando a conocer algunos resultados –agregando que- algunos nos sorprendieron muchísimo”.
Ramón reveló que la muestra “es altamente confiable, está en el rango de del 96-97 % de confiabilidad de representar a la sociedad”.
En cuanto a los datos, el dirigente local señaló que “más del 70% de los ciudadanos no sabe si hoy está prohibida la minería –lo cual- me llamó la atención”. Remarcó que “parece extraño porque los debates ponen esto en la tapa de los medios y debería estar más o menos claro”.
Continuando con el repaso de los datos, resaltó que “está claro que hay una enorme y profunda desconfianza a los operativos del Estado, no de un Gobierno en particular, sino que la sociedad no cree que el Estado esté en condiciones técnicas o éticas para garantizar controles complejos a industrial complejas como la megaminería”.
“Hay un alto porcentaje de desconfianza técnica, ética, de independencia, de seriedad o de profesionalismo del Estado para controlar actividades riesgosas”
El docente de Trelew resaltó que esto debe ser “un llamado de atención a la dirigencia –porque- debe generar una política de fortalecimiento de los organismos de control y de las distintas herramientas institucionales para controlar el daño o no daño que puedan hacer las empresas sobre el medio ambiente”.
Por otra parte, opinó que si bien “es cierto” que existen posiciones desiguales entre quienes se oponen a la megaminería y el lobby minero, consideró que “hay un equilibrio de fuerzas inestable entre la sociedad movilizada y el poder, en el que hay una especie de empate desde la ley 5.001 a la fecha”.
Explicó que si bien “el poder económico y político está adulado y la dirigencia política del 90% de los partidos está del lado pro minero, activa y decididamente junto a las empresas; todo ese poder acumulado no ha podido con la sociedad. Han estado 15 años intentando instalarla y no lo logran”, subrayó.
Se refirió también al “fraude” a la Iniciativa Popular contra la megaminería y lamentó “la desnaturalizaron –porque- era una iniciativa muy rica y noble. Es lamentable que la Constitución de Chubut incluya una serie de mecanismos de consulta popular y jamás se usen”.
“Son recursos constitucionales y legales y la vez que la sociedad lo hizo se produjo esto”, agregó.
Finalmente, sobre el resultado final del estudio, adelantó que se presentará a fines de febrero en el Centro Cultural de Playa Unión, además de un libro sobre “cómo enseñar el tema, considerado como un tema altamente controvertido”.
