El Gobierno de México avanza con un ambicioso registro telefónico que obliga a vincular cada línea móvil con la CURP, con el objetivo de combatir la extorsión y el fraude digital. La medida forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La iniciativa busca identificar con mayor precisión a los usuarios de líneas telefónicas utilizadas en delitos como extorsiones, fraudes bancarios y llamadas de secuestro virtual, un fenómeno que en los últimos años ha mostrado un crecimiento sostenido en el país.
Sin embargo, especialistas advierten que el registro por sí solo no resolverá el problema. Señalan que la falta de protocolos estrictos de seguridad, sumada a la debilidad institucional en materia de protección de datos, podría convertir la base en un nuevo riesgo de ciberseguridad.
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También se cuestiona la confianza ciudadana en el sistema, especialmente tras la desaparición de organismos de transparencia como el INAI y los antecedentes de filtraciones de bases de datos gubernamentales, que han afectado a millones de usuarios en los últimos años.
Otro punto crítico es la baja cultura digital entre los usuarios, lo que aumenta la vulnerabilidad ante fraudes y hackeos. Expertos señalan que, sin educación tecnológica y mejores prácticas de seguridad, el registro no tendrá un impacto real en la reducción de la extorsión.
En este contexto, el debate se centra en si la estrategia representa un avance efectivo contra el crimen digital o si podría derivar en nuevos riesgos por el manejo masivo de datos personales sin garantías suficientes de protección.
FUENTE: Sputnik.
IMÁGEN: AP Photo / Julio Cortez.
