El presidente Javier Milei prepara una ofensiva contra la justicia laboral, a la que acusa de favorecer al sindicalismo y de trabar reformas claves del Gobierno. Desde Casa Rosada consideran que los fallos en contra del DNU 70 y otras medidas son parte de una “guerra declarada” por magistrados “militantes”.
Entre las medidas que se analizan figura la apertura de procesos en el Consejo de la Magistratura y el impulso del traspaso de juzgados laborales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno buscará además exponer públicamente a los jueces con nombre y apellido y auditar su patrimonio.
Uno de los casos más notorios es el de la jueza Moira Fullana, quien declaró inconstitucionales artículos del DNU 340 que regulaban el derecho a huelga. Desde el oficialismo la señalan como “jueza militante” y parte de una “casta judicial” alineada con intereses sindicales.
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El Ejecutivo también planea reformas al sistema de Riesgos del Trabajo, tras conocer un informe de la UART que revela una explosión de demandas: más de 126.000 juicios en un año, lo que equivaldría a casi siete millones de salarios mínimos.
Milei sostiene que esta “industria del juicio” desalienta la inversión y asfixia a las pymes, y por eso promete avanzar con sanciones contra abogados que “inflan pericias” o promueven litigios sin sustento. En paralelo, apuesta a ganar poder legislativo en diciembre para avanzar con cambios normativos.
No es la primera vez que un gobierno enfrenta al fuero laboral: en 2017, Mauricio Macri denunció la existencia de una “mafia de juicios laborales” que atentaba contra la creación de empleo. Milei, ahora, parece dispuesto a llevar esa embestida a un nuevo nivel.
Fuente: Infobae.
