El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley para habilitar el pago de acuerdos con fondos que mantenían litigios contra la Argentina por la deuda en default de 2001. La iniciativa busca otorgar respaldo legislativo a entendimientos alcanzados por el Poder Ejecutivo en tribunales internacionales.
Según el texto enviado, los principales beneficiarios de los acuerdos son Bainbridge Fund y el grupo de acreedores liderado por Attestor, que contaban con fallos firmes a su favor. Los montos reclamados rondaban los US$600 millones en total, aunque el acuerdo implicaría quitas superiores al 30%.
El proyecto establece pagos de US$67 millones para Bainbridge y US$104 millones para el grupo de acreedores, con el objetivo de cerrar múltiples causas judiciales en curso. Desde el Gobierno sostienen que esto permitirá reducir el costo total de la deuda en litigio y evitar la acumulación de intereses.
MIRÁ TAMBIÉN: Ordenan desalojar a los trabajadores del complejo Chapadmalal
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que los acuerdos pondrían fin a las acciones legales de los fondos, incluyendo intentos de embargo sobre activos del Estado argentino en el exterior, como participaciones en empresas estatales y otros bienes.
Además, la propuesta busca frenar procesos de “discovery”, mediante los cuales los demandantes intentan acceder a información sobre activos y operaciones financieras del país. El Ejecutivo argumenta que el acuerdo también impediría nuevos litigios y otorgaría mayor estabilidad en futuras reestructuraciones.
El Gobierno solicitó un tratamiento urgente del proyecto, ya que los acuerdos tienen fecha límite al 30 de abril de 2026. En paralelo, la estrategia oficial combina la resolución de litigios heredados del default de 2001 con la defensa de otros casos internacionales, como el reciente fallo favorable en la apelación por YPF.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: Presidencia.
