La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral encendió una fuerte alarma en la dirigencia sindical. El Gobierno de Javier Milei activó mecanismos que afectan directamente los ingresos de los gremios, especialmente a través del tope del 2% a determinadas retenciones salariales y la revisión de aportes extraordinarios que hasta ahora sostenían buena parte de las estructuras sindicales.
En la CGT crece la preocupación y la incertidumbre sobre cómo responder a la ofensiva oficial. Según reveló Noticias Argentinas, dirigentes gremiales comenzaron a recibir advertencias de empresas sobre la necesidad de revisar contribuciones destinadas a programas específicos y otros fondos convencionales. «No sabemos qué hacer», reconoció en reserva un sindicalista consultado por la agencia.
Uno de los puntos más sensibles es la limitación del 2% para los aportes y contribuciones establecidos por convenio colectivo en favor de asociaciones sindicales. En algunos sectores, esas retenciones alcanzaban hasta el 7% del salario bruto, por lo que la adecuación implicará una importante reducción de recursos.
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La reglamentación también establece que las cláusulas obligacionales de convenios colectivos vencidos dejarán de tener vigencia automática. Esto incluye aportes solidarios de trabajadores no afiliados, contribuciones empresariales, fondos de capacitación, mutuales e institutos administrados por los sindicatos, que ahora deberán renegociarse o ratificarse expresamente.
Desde la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero y bajo la órbita del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, comenzaron a enviarse notificaciones para que sindicatos y cámaras empresarias inicien nuevas negociaciones paritarias. De no alcanzar acuerdos, muchos beneficios y mecanismos de financiamiento podrían perder vigencia.
El nuevo esquema redefine el concepto de ultraactividad de los convenios colectivos. Mientras continúan vigentes las cláusulas que protegen derechos individuales de los trabajadores, las disposiciones económicas e institucionales que beneficiaban a sindicatos y entidades vinculadas quedan sujetas a nuevos acuerdos. Para la conducción cegetista, el impacto podría representar una fuerte reducción de recursos y un debilitamiento del poder de negociación gremial.
FUENTE: NA.
IMÁGEN: NA.
