El presidente Javier Milei reiteró en distintos actos su intención de auditar a las universidades públicas para “terminar con las filtraciones de dinero”. Sin embargo, el organismo encargado de llevar adelante esas revisiones, la Auditoría General de la Nación (AGN), está prácticamente paralizado: de sus siete miembros, solo uno continúa en funciones.
La AGN depende de nombramientos en el Congreso, pero tanto la Cámara de Diputados como el Senado aún no avanzaron en la designación de los auditores que restan. De esta manera, la posibilidad de concretar controles financieros sobre las casas de altos estudios sigue bloqueada. Actualmente, el único auditor vigente es Juan Manuel Olmos, designado por Unión por la Patria.
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Mientras tanto, las universidades atraviesan una situación crítica. El presupuesto prorrogado desde 2022 no contempla la inflación de los últimos años, lo que redujo drásticamente salarios docentes y fondos operativos. Esta crisis derivó en masivas marchas federales en 2024 y en una nueva convocatoria este miércoles, en defensa de la educación superior pública y gratuita.
Desde el oficialismo, Milei acusa a las universidades de “ocultar curros” y justificó los reclamos de auditoría con ejemplos de “autos de lujo” y “choferes con sueldos millonarios”. Pero sin un organismo de control en funcionamiento, los cuestionamientos quedan en el plano discursivo, mientras el conflicto con la comunidad educativa se profundiza.
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La falta de avances en la integración de la AGN, responsabilidad directa del Congreso, refleja la tensión política en torno al financiamiento educativo. Con salarios docentes que perdieron más del 30% de poder adquisitivo y recursos insuficientes para gastos básicos, la crisis universitaria amenaza con escalar en el corto plazo.
Fuente: Infobae.
Foto ilustrativa: El Litoral.


