El Ministerio de Seguridad de la Nación presentará una denuncia contra la jueza Karina Andrade por presunto incumplimiento de deberes y prevaricato, tras liberar a los detenidos en la marcha en defensa de los jubilados.
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El Ministerio de Seguridad de la Nación presentará este lunes una denuncia contra la jueza Karina Andrade, quien estuvo a cargo de la situación legal de las personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados el pasado miércoles. Andrade decidió liberar a los 114 detenidos en la madrugada del jueves, decisión que ha sido cuestionada por el Gobierno por presuntas irregularidades en el procedimiento.
A través de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, el ministerio de Patricia Bullrich acusará a la jueza de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez dicta resoluciones contrarias a la ley. El Gobierno sostiene que Andrade actuó basándose en sus opiniones personales, en lugar de seguir los procedimientos legales establecidos.
Fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron que no están cuestionando la decisión de la jueza, sino el modo en que se resolvió el caso, que según consideran, violó la ley. En este sentido, el Gobierno considera que Andrade debió valorar si había peligro de fuga o riesgo de que los detenidos obstaculizaran la investigación antes de ordenar su liberación.
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Por su parte, la jueza Andrade defendió su decisión, argumentando que se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, principios garantizados por la Constitución Nacional. Además, señaló que su fallo se sustentó en fundamentos jurídicos y citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien considera que la protesta es un derecho fundamental dentro del sistema democrático.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que el fallo de Andrade pasó por alto detalles cruciales, como el tiempo que la Policía necesitó para realizar las identificaciones de los detenidos, la falta de información sobre los motivos de las detenciones y la ausencia de un control judicial efectivo sobre el proceso.
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En su resolución, la jueza Andrade también destacó que las fuerzas de seguridad omitieron información importante sobre los motivos de las detenciones, argumentando que los informes sobre los arrestos fueron demasiado generales, sin especificar los delitos graves de los que se acusaba a los detenidos.
Finalmente, desde el Ministerio de Seguridad apuntaron que la jueza estaba al tanto de los desmanes que ocurrían durante la protesta, lo que hacía aún más relevante para ella la evaluación de los riesgos y los procedimientos adecuados antes de ordenar las liberaciones.
Fuente y foto: Infobae
