El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al Fiscal de Estado para que inicie las acciones judiciales que considere necesarias frente a la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La decisión fue formalizada mediante el Decreto N° 1.935, luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida apunta a cuestionar los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales y fijaba restricciones para su adquisición por parte de extranjeros.
Passalacqua sostuvo que el nuevo escenario genera una situación de vulnerabilidad para la provincia y pidió que se resguarden sus derechos “en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, afirmó el mandatario, quien destacó la condición fronteriza, la biodiversidad y el peso de los pequeños productores en la economía misionera.
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El decreto provincial también cuestiona el impacto que, según el Gobierno de Misiones, la nueva situación puede tener sobre la autonomía, la soberanía territorial, los recursos naturales y el entramado económico y social de la provincia. En ese marco, la Fiscalía de Estado podrá impulsar las acciones y defensas judiciales que considere pertinentes.
La Corte Suprema había revocado el fallo que declaró inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras, pero su decisión no determinó que el artículo 154 del DNU 70/2023 sea constitucional. El máximo tribunal consideró que la entidad que había promovido aquella demanda carecía de legitimación suficiente y que, por ese motivo, no estaba configurado un caso judicial que habilitara su tratamiento.
El máximo tribunal aclaró además que su resolución no impide que otras personas o entidades que consideren inconstitucional el régimen recurran a la Justicia y soliciten medidas cautelares ante el juez competente. En este escenario, Misiones decidió avanzar con una estrategia judicial propia para defender los intereses que considera afectados por la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
