Miles de docentes se movilizaron este jueves en Neuquén capital y realizaron un acto en las puertas de la Casa de Gobierno de la provincia, en el marco de un paro provincial al cumplirse un mes de la explosión en una escuela del paraje Aguada San Roque, a 60 kilómetros de la localidad de Añelo, que provocó la muerte de los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi, y de la maestra Mónica Jara.
En este marco, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo, saludó «a los maestros de la Argentina que en esta jornada de lucha plantean justicia para Mónica, Mariano y Nicolás en cada rincón de nuestro país» y le agradeció a los familiares de Jara, quienes estuvieron presente en la marcha, por «la lección que dan de dignidad, de fortaleza y de saber que la búsqueda de Justicia es una búsqueda colectiva».
«El 29 de junio nos cambió a todas y a todos y esa conmoción todavía nos dura», expresó Guagliardo y agregó que los docentes supieron entonces que «la búsqueda de justicia comenzaba en ese preciso instante» y, por eso, ATEN solicitó ser querellante en la causa.
Sin embargo, advirtió, «la Justicia se pregunta por qué una organización sindical pretende ser querellante cuando los que pueden participar son sólo los familiares directos».
«Nos quieren sacar del medio para que gane la impunidad», denunció el dirigente gremial e indicó que este viernes se realizará una audiencia, en la que volverán reclamar su participación como querellantes.
«No queremos dejar a las familias solas en los tribunales», insistió Guagliardo y marcó la gravedad de la explosión ocurrida en la escuela de Aguada San Roque, donde otros maestros y maestras y niños se salvaron de resultar heridos porque poco antes habían abandonado las instalaciones.
Cuestionó que ya haya pasado un mes del hecho y que todavía «no hay ningún funcionario de los que estaban vinculados con esta obra removidos de su cargo» y, por ende, tampoco hubo «un solo gesto de reconocer que fue una negligencia».
Para finalizar, secretario general denunció que «el primer responsable político es el subsecretario de Obras Públicas de la provincia (Ricardo Deza) y la otra responsable política es la ministra (de Educación Cristina) Storioni».
