La Fiscalía sostiene que la conspiración comenzó tras la derrota electoral de Bolsonaro y culminó con la invasión del Congreso, el Supremo y el Palacio de Planalto el 8 de enero de 2023, en un intento de incitar una intervención militar.
La postulación de Morales fue rechazada porque su agrupación, Evo Pueblo, no tiene personería jurídica. Además, el partido Pan-Bol, por el que intentó inscribirse, fue inhabilitado por no superar el 3% de los votos en las elecciones de 2020.
López encabezaba la unidad anticorrupción de la organización Cristosal y brindaba asistencia a 252 migrantes venezolanos deportados por EE.UU. y recluidos en la megacárcel salvadoreña, donde se denunciaron actos de tortura.