La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba enmiendas constitucionales que transforman el Estado, otorgan mayores poderes al presidente y su esposa, y crean nuevas instituciones como la Policía Voluntaria.
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La Asamblea Nacional de Nicaragua comenzó este martes el proceso de aprobación de reformas constitucionales que redefinen al país como un Estado «revolucionario» y centralizan el poder en manos del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Enmiendas que reforman 148 de los 198 artículos de la Constitución Política y derogan otros 37, incluido el que prohibía la tortura y el recurso de Habeas Corpus, han sido aprobadas en segunda votación y de forma definitiva.
La reforma extiende el mandato presidencial de 5 a 6 años, crea la figura de «copresidenta» y permite que el Ejecutivo coordine todos los «órganos» del Estado, que ahora dejan de ser llamados poderes. Esta modificación ha sido duramente criticada por la ONU, la OEA, Estados Unidos y opositores nicaragüenses, quienes denuncian un aumento en la concentración de poder.
El diputado Moisés Absalón Pastora defendió la reforma asegurando que marca el «proceso refundacional» del Estado, que será ahora «revolucionario, evolutivo, cristiano, solidario, socialista y antiimperialista». Mientras tanto, el legislador Edwin Castro destacó que este cambio «profundiza la democracia» en el contexto del «Gobierno revolucionario».
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El titular de la Asamblea, Gustavo Porras, explicó que la reforma será discutida «artículo por artículo», con la meta de tenerla lista para el 30 de enero.
Una de las reformas más destacadas es la nueva estructura de la Presidencia de la República, que se convierte en un órgano con «suprapoderes». Según el artículo 132, la presidencia dirigirá al Gobierno y coordinará todos los órganos del Estado, incluidos los poderes legislativo, judicial, electoral y otros entes autónomos. Además, la presidencia será ocupada por un copresidente y copresidenta, quienes podrán nombrar vicepresidentes sin necesidad de elecciones populares.
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La reforma también establece la creación de la Policía Voluntaria, una fuerza auxiliar que, según críticos, podría ser utilizada para fines paramilitares. Esta nueva institución se añade a un conjunto de medidas que incluyen la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional y la vigilancia del Estado sobre los medios de comunicación.
Asimismo, la reforma ordena al sistema financiero nacional desconocer sanciones internacionales bajo el argumento de que estas violan el derecho internacional. También se destaca la laicidad del Estado, aunque con restricciones que prohíben a las organizaciones religiosas realizar actividades que alteren el orden público o reciban influencia extranjera.
Fuente y foto: EFE
