La reciente promulgación de la Ley Antimafias en Argentina marca un cambio crucial en la lucha contra el crimen organizado.
Basada en la Ley RICO de Estados Unidos y la legislación antimafia de Italia, esta reforma amplia las penas, fortalece la capacidad de investigación de las autoridades y facilita el decomiso anticipado de bienes. El objetivo es combatir con mayor eficacia las organizaciones criminales que operan en el país.
MIRÁ TAMBIÉN | Argentina aprobó una levadura para mejorar la producción de bioetanol
Con la puesta en vigor de esta ley, el gobierno ha introducido nuevos delitos de tipo mafioso, más severos que los de la asociación ilícita. A partir de ahora, los miembros de bandas dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero, secuestros extorsivos y otros crímenes graves pueden enfrentar penas de hasta 50 años de prisión. Además, la ley establece que cada integrante de una organización criminal puede ser condenado por el delito más grave cometido por cualquiera de sus miembros, duplicando las penas tanto mínimas como máximas.
Otro cambio importante es la posibilidad de realizar arrestos preventivos de entre 48 horas y 30 días para investigar la comisión de delitos. El gobierno también podrá decomisar bienes, incluso sin una condena previa, en caso de que estos sean producto de actividades ilícitas. Estos bienes pasarán a ser propiedad del Estado, aunque si el titular de los mismos es absuelto, se les devolverá en el estado en que se encontraban.
MIRÁ TAMBIÉN | La Armada refuerza apoyo en Bahía Blanca por inundaciones
Además de la ampliación de las facultades investigativas, la ley permite a jueces y fiscales intervenir en plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram, herramientas comunes para las organizaciones criminales. Las autoridades ahora pueden requisar bienes, inmovilizar activos, allanar propiedades e intervenir comunicaciones electrónicas sin la necesidad de una condena previa, en un esfuerzo por desmantelar estas estructuras mafiosas.
Con estas modificaciones, la Ley Antimafias busca empoderar a las autoridades para luchar de manera más eficiente contra los grupos que afectan la seguridad y el orden público en Argentina.
Fuente: Infobae.
Foto: Punto de partida.