La provincia destina casi 800 millones de pesos mensuales para cubrir los costos de Alpat, empresa de López y De Sousa, mientras crecen las críticas por el uso de fondos públicos.
La provincia de Río Negro otorgó un subsidio de 793,3 millones de pesos mensuales a Álcalis de la Patagonia (Alpat), propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa. El beneficio busca compensar el aumento en las tarifas de gas natural, que representan el 46% de los costos de producción de la planta ubicada en San Antonio Oeste. La medida fue justificada como un intento de preservar “el sustento laboral de casi mil familias”, en un contexto donde las provincias reclaman más fondos nacionales para sostener servicios básicos.
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La diputada rionegrina Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) denunció que el gobernador Alberto Weretilneck “gira millones del Estado para beneficiar a empresarios que lucraron históricamente con la política”. López y De Sousa, vinculados al kirchnerismo, arrastran antecedentes de escándalos fiscales como el caso Oil Combustibles, donde se apropiaron de impuestos a los combustibles por casi mil millones de dólares. Aunque fueron sobreseídos, la Corte Suprema aún revisa la causa.
El historial de privilegios para este dúo empresarial no es nuevo. En 2007, Néstor Kirchner prorrogó hasta 2032 la concesión del Hipódromo de Palermo, obligando a sumar 1.500 tragamonedas más. También en 2005, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el expresidente les refinanció las deudas de Alpat y cerró la importación de carbonato de calcio para asegurarles un mercado protegido.
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Alpat, única productora local de soda Solvay, fue construida hace más de 50 años con fondos públicos por más de 500 millones de dólares, según investigaciones periodísticas. Su tecnología obsoleta y falta de competitividad han generado recurrentes pedidos de ayuda estatal. Los críticos sostienen que los dueños, lejos de invertir en modernización, prefieren que sea el Estado quien cubra las pérdidas operativas.
Especialistas advierten que, si el objetivo es proteger los puestos de trabajo, los subsidios deberían destinarse directamente a las familias afectadas y no a una empresa de privados multimillonarios. Distintos sectores opositores anticipan posibles denuncias por malversación de fondos públicos si continúan las transferencias millonarias a Alpat sin un plan de reconversión real.
