Obra Pública: Fiscalía sostuvo que había «interés financiero» en beneficiar a Lázaro Báez

Los fiscales del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 aseguraron hoy que los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner tuvieron un «interés financiero y personal» en beneficiar al empresario Lázaro Báez.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron hoy su séptima audiencia de alegato acusador, en el marco del debate oral y público que encabeza el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uruburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron con la idea de que las obras públicas viales que le fueron adjudicadas a empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz lo fueron a través de licitaciones simuladas y señalaron que el empresario fue favorecido por el vínculo personal que supuestamente tenía con los expresidentes.

«Los 51 procedimientos licitatorios que hemos estudiado fueron direccionados. No fueron verdaderas licitaciones, fueron simuladas», «un empleado bancario en tres años se convirtió en el contratista más importantes de Santa Cruz» y «Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Lázaro Báez era Cristina Kirchner», fueron algunas de las frases que volvieron a utilizar los fiscales.

Luciani dedicó buena parte de su exposición a referirse a lo que calificó como «vínculos comerciales» entre empresas de Báez y firmas relacionadas con la entonces familia presidencial e invocó, como ejemplo, que Valle Mitre, de los Báez, «fue designada (en 2008) como administradora de tres de los cuatro hoteles de la exfamilia presidencial».

En ese contexto, el fiscal acusó a los exmandatarios de «manejar durante doce años de manera discrecional los fondos públicos» para favorecer a Báez con «contratos viales de manera ilegal e irregular» mientras que «celebraban todo tipo de acuerdos comerciales» con el empresario.

Hacia el final de la audiencia, Luciani volvió sobre los mensajes extraídos del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimiento ilícito, en los que habla con empresarios y con otros funcionarios públicos en lo que se refiere a obras públicas y licitaciones en Santa Cruz.

La audiencia de hoy había comenzado también con una exposición de Luciani en la que se refirió al proceso de control de la obra pública en Santa Cruz como una «mala praxis institucional histórica».

Con acento dramático, Luciani aseguró ante el tribunal que «contrariamente a lo afirmado por Cristina Fernández de Kirchner, las obras públicas no fueron resorte exclusivo del Poder Legislativo entre los años 2004 y 2015; muy por el contrario, el Poder Ejecutivo concentró y monopolizó gran parte de las decisiones vinculadas a esta relevante actividad pública y llego al punto de vulnerar algunas normas».

La defensa de la expresidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, recusó la semana pasada a los fiscales Luciani y Mola y también al juez Jorge Gorini; a los primeros por supuesta cercanía con la gestión de Mauricio Macri y al último por haber visitado la Casa Rosada durante el período 2015-2019.

A fines de la semana pasada, el tribunal rechazó los pedidos de recusación, que la defensa de la Vicepresidenta prometió apelar, y dispuso que se continúe con el proceso y con la exposición del Ministerio Público.

Mola, por su parte, aseguró que consideran probado un «modelo de corrupción generalizada», con eje en los «organismos de control» como planteó Luciani al abrir la séptima jornada del alegato.

Mola sostuvo que «organizaron las maniobras para que parecieran actos administrativos cumplidos». «En los 12 años (de gestión kirchnerista) no se designó en el organismo vial provincial, al órgano encargado de realizar la tarea de control, al síndico de la AGVP (Administración General De Vialidad Provincial), ni al titular ni al suplente», recordó Mola, y enumeró que «pasaron cuatro gobernadores y podría decir cinco si incluimos también a Néstor Kirchner: era claro que no había ninguna intención de controlar», opinó el fiscal.

Luego manifestó que «en la AFIP hemos observado un ejercicio abusivo de poder en el desplazamiento de cargos, en la degradación administrativa, en la asignación de tareas meramente administrativas, en desmedro de funciones operativas e investigativas para las que estaban especialmente capacitados».