La Justicia bonaerense determinó que la provincia de Buenos Aires deberá indemnizar a la familia de Elio Edgardo Constantino Cajal, un preso asesinado en 2016 dentro de la Unidad Penal N°15 de Batán. El fallo fue emitido por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1, que hizo lugar a una demanda iniciada por la viuda de la víctima.
Según el expediente, el crimen ocurrió durante una serie de conflictos entre Cajal y otros dos internos: Emanuel Tonzo y Víctor Fernández Ale. Fue este último quien, en medio de una pelea, apuñaló a Cajal en varias zonas del cuerpo. Aunque fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, no logró sobrevivir.
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El juez Simón Isacch consideró que, si bien el homicida tiene la responsabilidad directa, el Estado también es responsable por no haber garantizado las condiciones mínimas de seguridad dentro del penal. En ese sentido, calificó como deficiente la actuación del Servicio Penitenciario Bonaerense, y destacó que se trataba de un conflicto conocido que no fue prevenido.
En consecuencia, el magistrado dispuso una indemnización de $7 millones para la viuda de Cajal, y $3,5 millones para cada uno de sus dos hijos. No obstante, la sentencia fue apelada, por lo que aún no está firme y el pago no se ha hecho efectivo.
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El caso vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad del Estado en contextos de encierro, y abre interrogantes sobre los protocolos internos para evitar muertes violentas dentro del sistema penitenciario.
Fuente: Noticias Argentinas.
