La justicia boliviana emitió una orden de captura contra Evo Morales por delitos relacionados con trata de personas agravada, pero su paradero sigue siendo desconocido.
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La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó que desde el pasado 16 de octubre existe una orden de aprehensión contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), acusado formalmente por el delito de trata de personas agravada. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han logrado detenerlo debido a que su domicilio actual es desconocido y a los bloqueos de carreteras efectuados por sus seguidores en el Chapare, su bastión político.
“Hoy presentamos una imputación formal contra Evo Morales y la señora Idelsa Pozo Saavedra. Estamos a la espera de que el juez fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares”, informó la fiscal Gutiérrez. Además, señaló que ya se ha solicitado una alerta migratoria para ambos imputados.
De acuerdo con la fiscal, la Policía de inteligencia intentó localizar a Morales en Villa 14 de Septiembre, en el Chapare, donde declaró tener su residencia, pero no se encontraba en el lugar. Los intentos posteriores de búsqueda en otros domicilios tampoco dieron resultados. Además, los bloqueos de carreteras durante 24 días realizados por sus seguidores impidieron el acceso de las autoridades a la región, según reportes policiales.
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La acusación contra Morales se basa en una investigación que lo vincula con un caso de abuso de menores y trata de personas ocurrido en 2016, cuando era presidente. La fiscalía sostiene que Morales mantuvo una relación con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija, mientras que los padres de la víctima presuntamente se lucraron al entregar a la menor a cambio de favores. La joven pertenecía al grupo juvenil «Generación Evo», fundado por el exmandatario durante su Presidencia.
Además, la fiscal Gutiérrez denunció que en octubre, bajo la dirección del entonces fiscal general Juan Lanchipa, se frenó una orden de captura contra Morales y ella fue apartada del caso. Sin embargo, tras la renuncia de Lanchipa, Gutiérrez fue restituida.
Desde Argentina, Morales enfrenta una investigación por trata de personas y abuso sexual relacionados con su estadía en ese país como refugiado en 2019, durante el mandato de Alberto Fernández. Mientras tanto, en Bolivia, Morales ha afirmado que no ha salido del Chapare y se encuentra protegido por al menos 500 personas, dificultando la acción de la justicia.
Fuente: 20 minutos
Foto: Archivo
