El Poder Judicial de Perú ordenó el embargo de bienes del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y del extitular del Consejo de Ministros Aníbal Torres, según informó la procuraduría peruana en las últimas horas.
MIRÁ TAMBIÉN | La OMS confirmó un caso de coronavirus MERS en Emiratos Árabes
Con esta decisión, la Corte Suprema avaló el pedido de la fiscalía general peruana que solicitó una reparación civil tras el fallido intentó de disolución del Congreso que intentó Castillo el 7 de diciembre del año pasado.
«Como se recuerda, la Procuraduría General del Estado ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles (más de 18 millones y medio de dólares) por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre de 2022», informó la Procuraduría General del Estado (PGE) de Perú en su página web.
La medida aplica para cuatro inmuebles de Castillo y ocho de Torres.
El juez Juan Carlos Checkley fue quien ordenó el embargo de las cuatro propiedades del expresidente, las cuales se encuentran ubicadas en las localidades de Anguía, Chota y Tacabamba, en Cajamarca, en el noroeste del país.
En el caso del presidente del Consejo de Ministros, se embargaron nueve bienes: ocho ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo jeep color negro, según recogió el diario peruano RPP.
Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Castillo horas después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Luego de la destitución de Castillo y su posterior encarcelamiento preventivo por el presunto delito de rebelión, el expresidente fue sucedido por su entonces vicepresidenta, la actual mandataria Dina Boluarte, quien continúa como jefa del Poder Ejecutivo.
Castillo cumple 36 meses de prisión preventiva a la espera de un juicio.
MIRÁ TAMBIÉN | Lula confirmó que se operará de la cadera para estar mejor y “hacer que Brasil funcione”
Por estos días, las manifestaciones volvieron después de cinco meses, cuando las primeras protestas contra Boluarte dejaron 50 muertos entre diciembre 2022 y febrero pasado.
Fuente: Télam.
