El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut dio marcha atrás con una decisión que había tomado la jueza María Tolomei y uno de los cuatro sindicalistas de la ATECH originalmente imputados por los incendios en la Legislatura y Casa de Gobierno, será sometido a juicio oral y público. De esta manera le dio la razón a la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, que había impugnado la resolución de la jueza del caso.
Se trata de Matías Schierloh, quien durante el proceso ofreció dictar horas de clase y un resarcimiento económico de 60 mil pesos para no ir a juicio y compensar de esta forma los daños provocados. El secretario general de ese gremio durante los incidentes, Santiago Goodman, junto a Marcela Ancaleo y Mariana Castro, fue hallado culpable de los daños producidos.
La jueza Tolomei había beneficiado a Schierloh con la aplicación de la «suspensión de juicio a prueba» mediante la cual el imputado evitaba el juicio oral y público a cambio de aplicarse la figura legal de la «reparación».
Sin embargo, el STJ dio el aval a los argumentos de la fiscal general Florencia Gómez contenidos en la impugnación.
A JUICIO
A partir de la calificación jurídica escogida por el Ministerio Público Fiscal, el delito de incendio tiene una pena de tres años de mínimo a diez años de máxima. La fiscal general Florencia Gómez tiene previsto pedir una pena de cinco años de prisión.
Para la acusadora, la gravedad de dichas circunstancias (analizadas en audiencia) no permiten la aplicación de la Suspensión de Juicio a Prueba, por lo que debe continuar el juicio contra Schierloh.
JUECES Y FISCALES:
Jueces y fiscales: facultades
Apenas solicitado que se aplique la suspensión del juicio a prueba por parte del defensor Miguel Moyano, la fiscal Gómez se opuso rotundamente a un eventual sobreseimiento a Schierloh, uno de los autores de haber producido los incendios que afectaron la Legislatura y la Casa de Gobierno entre los días 18 y 19 de septiembre en 2019.
La impugnación de la fiscal del caso fue presentada en tiempo y forma. El STJ avaló los argumentos de Gómez, cuando indicó que «tal como lo exige nuestra Constitución Nacional, toda sentencia debe ser fundamentada en el derecho y no en la mera voluntad de los magistrados» -en alusión puntual a la resolución de Tolomei- , a la vez que calificó a la decisión de esa jueza como «arbitraria, infundada y contraria a derecho».
La sala penal del máximo tribunal consideró que «los fiscales generales llevaban adelante la acción penal publica, valorando en cada caso la gravedad del asunto con respecto al hecho en sí y la trascendencia pública del delito en los bienes, derechos y personas comprometidos Y después de eso decidían la necesidad o no de realizar el debate».
Agregó que «el fallo final implicaba que la judicatura (jueces) asumiera las facultades que constitucionalmente estaban reservadas para los titulares de la acción pública (fiscales) arremetiendo de manera severa el sistema procesal adversativo».
DAÑOS Y RIESGOS PARA LOS POLICÍAS
La fiscal destacó en su postura la «gravedad» de los hechos en los que está implicado Schierloh, que los daños se efectuaron en edificios públicos arriesgando la salud de los policías que intentaron impedir la propagación de las llamas.
Indicó asimismo que «dichos daños habían afectado las estructuras de los edificios, su mobiliario y elementos que tienen un gran valor histórico, y que los mismos eran de imposible reconstrucción, como la puerta N° 2 de Casa de Gobierno».
«Los hechos atribuidos a los imputados involucraban el riesgo en la salud de todo el personal policial que intervino en el lugar a los efectos de proteger los bienes que se encontraban en el interior de los edificios, evitando que los manifestantes ingresaran a los mismos», completó Gómez.
Fuente: Ministerio Público Fiscal Chubut.
