El inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades nacionales aparece seriamente amenazado por un escenario de paros, movilizaciones y posibles medidas de “no inicio”, en rechazo al ahogo salarial y presupuestario que denuncian los gremios docentes frente a la política del Gobierno nacional. Federaciones como FEDUBA y la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) ya desplegaron planes de lucha que anticipan un primer cuatrimestre atravesado por el conflicto.
El pasado viernes 6 de febrero, el plenario de secretarios generales de CONADU debatió las acciones a seguir ante la persistente crisis universitaria. Desde la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) plantearon la necesidad de una postura firme. “Proponemos una campaña activa de no inicio por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la inmediata apertura de paritarias”, señalaron.
En ese marco, el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, cuestionó las versiones sobre una supuesta propuesta del Gobierno al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “El gobierno primero debe aceptar cumplir la ley y luego reabrir la paritaria universitaria, que es donde corresponde discutir cualquier implementación. Pero como no tenemos confianza en este gobierno, nada de eso puede evaluarse sin un no inicio que nos encuentre otra vez en la calle”, advirtió.
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Entre las principales medidas votadas por el plenario se destacan un paro y movilización el 11 de febrero contra la reforma laboral; un paro durante la semana del 16 al 21 de marzo, a ser ratificado en asambleas; la instalación de una carpa itinerante junto a otros sectores; y la profundización del plan de lucha con el objetivo de avanzar hacia una nueva Marcha Universitaria de alcance nacional.
Por su parte, la AGD-UBA fue aún más contundente y anunció que “en defensa del salario y de la universidad pública, vamos por un no inicio en 2026”. El gremio remarcó la necesidad de confluir en un plan de lucha nacional de todo el movimiento obrero “para derrotar a un gobierno que quiere a los trabajadores derrotados”.
Desde la asociación destacaron como un logro el rechazo en Diputados a la maniobra del oficialismo para derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia en discapacidad, aunque alertaron que la norma “sigue sin aplicarse”. Según denunciaron, el Gobierno incluso apelaría el fallo judicial que lo obliga a cumplirla. “Seguimos cobrando salarios de miseria, nos quitan sumas no remunerativas y las universidades apenas funcionan con un presupuesto de asfixia”, afirmaron.
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AGD-UBA reclamó la aplicación plena de la ley para recuperar un 46% del salario perdido desde noviembre de 2023 y un aumento del presupuesto universitario de $4,8 billones a $7,2 billones. Además, advirtió que la aprobación del artículo 30 en el Senado, que eliminó las metas del 6% del PBI para educación y del 1% para Ciencia y Técnica, profundiza “el ajuste más grande de los últimos años” y clausura cualquier perspectiva de desarrollo educativo y científico.
“Esto no es un ajuste más: es un intento de destruir un sistema público que nuestro pueblo construyó durante décadas”, señalaron desde el gremio. En esa línea, remarcaron que no alcanzan medidas aisladas ni protestas fragmentadas y llamaron a retomar las grandes movilizaciones universitarias de 2024, con un no inicio efectivo en todas las universidades y colegios preuniversitarios del país.
El conflicto universitario se inscribe así en un clima social más amplio de tensión, con reclamos salariales, rechazo al presupuesto de ajuste y cuestionamientos a la llamada “ley de libertad educativa”. De sostenerse este escenario, el primer cuatrimestre de 2026 podría desarrollarse con clases interrumpidas, paros recurrentes y una nueva escalada del conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario público.
Fuente: Página 12.
