La presidenta Dina Boluarte decretó medidas de emergencia en el distrito minero, incluyendo suspensión de actividades, presencia de Fuerzas Armadas y pedido de leyes contra el terrorismo urbano.
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El Gobierno de Perú anunció este lunes un toque de queda en el distrito de Pataz, al norte del país, luego del asesinato de 13 mineros de la empresa Poderosa, un hecho que ha conmocionado a la nación. La presidenta Dina Boluarte confirmó además que las Fuerzas Armadas tomarán el control total de la zona y que se instalará una base militar para reforzar la seguridad.
El toque de queda comenzará a regir de 18:00 a 6:00 horas, mientras que se suspendieron todas las actividades mineras en la provincia por 30 días prorrogables. «Solicitaremos facultades legislativas al Congreso para legislar en materia de terrorismo urbano», aseguró Boluarte desde el Palacio de Gobierno, afirmando que el país necesita un marco legal actualizado para enfrentar la violencia ligada a bandas del crimen organizado.
La mandataria también anunció la exclusión de registros de formalización minera, como parte de las acciones para cortar vínculos con organizaciones ilegales. Criticó duramente al Ministerio Público por haber liberado en 2023 a un presunto líder criminal conocido como ‘Cuchillo’, quien estaría vinculado con el ataque a los trabajadores de la mina Poderosa. “Mano dura para estos delincuentes criminales”, exclamó, señalando que su gobierno no permitirá que se impongan el terror y la brutalidad.
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En respaldo a las declaraciones, el primer ministro Gustavo Adrianzén defendió el accionar del Estado, indicando que no hubo descuido, y que la Policía Nacional actuó de forma inmediata tras conocerse la desaparición de los mineros.
Los cuerpos de los 13 trabajadores asesinados fueron encontrados el domingo, una semana después de haber sido secuestrados por presuntas bandas ligadas a la minería ilegal. El distrito de Pataz ya había sido declarado en estado de emergencia en febrero de 2024, ante el avance de grupos armados vinculados a la explotación ilícita de minerales.
El caso ha generado una ola de indignación nacional y reaviva el debate sobre la creciente inseguridad en zonas mineras, donde la informalidad, el narcotráfico y el crimen organizado se entrelazan cada vez con mayor violencia.
Fuente: EFE
Foto: Archivo
