El Congreso de Perú aprobó hoy una moción de censura al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por lo que el funcionario debe renunciar al cargo, en una situación que profundiza el choque de poderes entre el Ejecutivo del presidente Pedro Castillo y el Legislativo.
El pleno del parlamento unicameral dio luz verde, con 70 votos a favor, 38 en contra y siete abstenciones, a la moción que cuestionaba la idoneidad de Gallardo para el cargo, las designaciones en su sector y supuestas filtraciones de las preguntas del examen para nombramientos docentes de 2021, entre otras cosas.
La iniciativa fue presentada por la bancada de Renovación Popular con el apoyo de legisladores de Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Podemos Perú -todas fuerzas opositoras- después de que el 7 de este mes Gallardo fuera interpelado por los congresistas y muchos de estos consideraran insatisfactorias sus respuestas.
A partir de la sanción de la censura, el ministro debe presentar la renuncia y el presidente de la república debe aceptarla, todo ello dentro de las 72 horas siguientes.
Hasta esta tarde no se conocía la reacción de Gallardo ni se había informado sobre la presentación de la dimisión, pero el ministro censurado avisó ayer que respetaría la decisión del Congreso, aunque insistió en que no tenía por qué renunciar, y rechazó su responsabilidad en la supuesta filtración de un examen nacional a docentes.
«En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla», declaró en conferencia de prensa, según la radio RPP.
El caso salió a la luz luego de que apareciera en los medios un supuesto testigo que afirmó que la parlamentaria oficialista Lucinda Vásquez y una hija del ministro, Inés, orquestaron la obtención de cuestionarios de un examen para profesores, con el fin de venderlos a quienes debían rendir esa prueba.
«Esto no tiene sustento, la denuncia de la venta de pruebas es tan grave, pero basta el dicho de un testigo, sin un proceso de investigación, y se concluye que el ministro y su hija deben ir presos. ¡Que nos investiguen!», se defendió Gallardo.
Más allá de negar cualquier acto doloso, las denuncias salpicaron al ministro, y la presidenta del Consejo de Ministros (jefa del gabinete), Mirtha Vásquez, admitió que la acusación es «gravísima» y dijo que, si se comprueba, el funcionario «se tiene que ir».
Al margen de este caso en particular, la situación refleja el conflicto de poderes que atraviesa el Ejecutivo de Castillo, sobre todo, pero no exclusivamente, con el Legislativo.
La mayoría opositora del Congreso fracasó semanas atrás en el primer intento de admitir una moción de vacancia (juicio político) contra Castillo y meses atrás había amenazado, también sin éxito, con una moción de censura al entonces ministro de Trabajo, Íber Maraví, quien fue finalmente desplazado por el mandatario.
Los conflictos de Castillo con el parlamento incluyeron al bloque del partido oficialista Perú Libre (PL), que el mes pasado votó dividido cuando se debatió la confianza constitucional al gabinete que encabeza Vásquez.
Asimismo, los múltiples enfrentamientos del presidente con diversos sectores de la oposición, e incluso de su mismo partido, lo llevaron a remover ministros poco después de designarlos, como en los casos de su primer canciller, Héctor Bejar, y su primer jefe del gabinete, Guido Bellido, que duraron en los cargos 21 y 70 días, respectivamente.
