El expresidente de Perú Pedro Castillo permanecerá detenido en forma «preliminar» hasta el martes próximo mientras se lo investiga por el delito de rebelión, informó hoy el Poder Judicial.
El juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, «dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)», reportó el Poder Judicial esta tarde en Twitter.
La resolución del magistrado especifica que el plazo de detención judicial rige desde ayer, cuando Castillo fue arrestado, hasta el martes próximo, según la agencia estatal de noticias Andina.
Checkley adoptó esa resolución al cabo de una audiencia en la que escuchó al fiscal adjunto supremo Marco Huaman y al exministro Aníbal Torres, defensor de Castillo.
Mientras tanto, el exmandatario permanecía alojado desde ayer en la cárcel especial que funciona en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, donde cumple su condena el expresidente Alberto Fujimori.
Allí le tomó declaración la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien acudió acompañada por Huamán y por la fiscal superior Karina Quineche.
Más temprano, la Fiscalía informó que recabó imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno en busca de pruebas contra Castillo.
El trámite es parte de procedimientos que incluyeron desde anoche operativos simultáneos en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios.
La investigación se basa en la sospecha de que el expresidente actuó contra los poderes del Estado y el orden constitucional en Perú al disolver ayer el Congreso y anunciar un gobierno de excepción con suspensión de garantías constitucionales.
La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo dijeron que la decisión equivalía a un «golpe de estado» de Castillo.
Las Fuerzas Armadas y la Policía no apoyaron al presidente, y el Congreso lo destituyó al aprobar una moción de vacancia cuyo tratamiento y votación ya estaban previstos desde antes y que Castillo al parecer buscó impedir con la disolución del Legislativo.
