La fiscalía sostuvo que hubo un direccionamiento ilegal en la adjudicación de obras clave para la ampliación de gasoductos y habló de un caso de “gran corrupción”.
Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz solicitaron penas de hasta cuatro años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el marco del juicio por la causa Odebrecht. El planteo fue realizado ante el Tribunal Oral Federal N°2 de la Capital Federal, donde se investigan presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
El pedido también alcanza al exsecretario de Energía, Daniel Cameron, para quien se requirió la misma pena, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, para el exsubsecretario de Combustibles, Cristián Folgar, y el exdirectivo de CAMMESA, Luis Beuret, solicitaron condenas de tres años y seis meses de prisión.
Durante su alegato, la fiscalía describió una maniobra que habría favorecido a la empresa brasileña Odebrecht en la adjudicación de obras de ampliación de los gasoductos operados por Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur entre 2006 y 2008. Según los investigadores, el proceso estuvo marcado por decisiones administrativas orientadas a beneficiar a la firma.
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“Estamos ante un caso de gran corrupción”, afirmó Luciani, quien sostuvo que los funcionarios implicados “convergieron en un claro objetivo: beneficiar ilegalmente a la firma Odebrecht”. El fiscal remarcó que se vulneraron principios básicos de la contratación pública, como la transparencia, la competencia y la igualdad de condiciones entre oferentes.
De acuerdo a la acusación, los imputados habrían diseñado una estructura administrativa que permitió eludir controles y simular que se trataba de una contratación entre privados, cuando en realidad involucraba recursos estatales. En ese esquema, la empresa CAMMESA habría sido utilizada como intermediaria para canalizar fondos públicos.
La fiscalía también señaló que la constructora accedió a información privilegiada antes de la apertura formal de las licitaciones, lo que le permitió posicionarse con ventaja frente a otros posibles oferentes. En ese contexto, se mencionó un contrato de gran magnitud económica, con inversiones que superaban los 2.300 millones de dólares.
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En el mismo proceso, los fiscales solicitaron la absolución de Julio Bragulat, al considerar que no se pudo probar su conocimiento sobre la maniobra. Además, uno de los imputados, Bautista Marcheschi, fue apartado del juicio por razones de salud.
El debate continuará en las próximas semanas con los alegatos de las defensas. El tribunal deberá luego definir si hace lugar a los pedidos de condena en un caso que vuelve a poner el foco en la corrupción en la obra pública y en los vínculos entre el Estado y grandes empresas internacionales.
