La Fiscalía General y la Procuraduría de Trata interpusieron un recurso de casación para ampliar el tiempo de investigación, al considerar que el límite fijado por la Cámara Federal es insuficiente frente a la complejidad del expediente.
La Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, con el acompañamiento de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), presentó un recurso de casación contra la resolución que había acotado a dos meses la prórroga de la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal. Los fiscales sostienen que el plazo es exiguo y podría impedir agotar diligencias indispensables para conocer la verdad.
En el escrito, los representantes del Ministerio Público Fiscal —entre ellos el fiscal general Carlos Schaefer y los cotitulares de PROTEX Marcelo Colombo y Alejandra Mángano— subrayan que se investiga un delito de carácter continuo y que permanecen medidas periciales, rastrillajes, análisis de dispositivos electrónicos y pedidos de cooperación internacional pendientes. Alertan además sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado en materia de desapariciones y trata de personas.
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El recurso solicita que se revoque o modifique la resolución del 29 de septiembre para disponer un plazo mayor que permita “agotar todas las diligencias necesarias”; en forma subsidiaria piden que las actuaciones vuelvan a la Cámara Federal de Corrientes para que adopte una nueva resolución ajustada a esos criterios. Los fiscales advierten que limitar la pesquisa a un término tan corto podría provocar daños irreparables a la investigación y a los derechos de la víctima y su familia.
En paralelo, la causa por la sustracción y ocultamiento de Loan fue elevada a juicio oral. Siete personas llegarán a debate por su presunta intervención en la maniobra: Bernardino Antonio Benítez; Laudelina Peña; María Victoria Caillava; Carlos Guido Pérez; Daniel Oscar Ramírez; Mónica del Carmen Millapi; y el comisario Walter Adrián Maciel, este último acusado como partícipe necesario. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el niño no se extravió y que hubo una acción coordinada para su alejamiento y ocultamiento.


