La fiscalía solicitó la elevación a debate oral contra Francisco Sáenz Valiente por suministro de drogas y abandono de persona agravado por el resultado muerte.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres solicitaron que el empresario Francisco Sáenz Valiente sea juzgado en un juicio oral por la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, ocurrida el 30 de marzo de 2023 tras caer desde un sexto piso en el barrio porteño de Retiro.
Según el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, Sáenz Valiente debe responder por los delitos de suministro gratuito de estupefacientes y facilitación del lugar para su consumo, además de abandono de persona agravado por el resultado muerte. Los fiscales consideraron que la asistencia brindada fue tardía y no resultó eficaz para evitar el desenlace fatal.
La acusación sostiene que la joven brasileña de 26 años sufrió una grave alteración psíquica producto del consumo de drogas durante una reunión organizada en el departamento del imputado. Pese a que su estado era evidente, el empresario habría decidido continuar el encuentro sin solicitar ayuda médica inmediata.
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De acuerdo con la investigación, recién varias horas después se realizaron llamados a los servicios de emergencia, cuando la situación de la víctima ya era crítica. Minutos antes de la llegada de la asistencia, la joven cayó al vacío y falleció posteriormente durante su traslado al Hospital Fernández.
En su planteo, la fiscalía explicó que, si bien el imputado fue procesado previamente por homicidio imprudente, la calificación legal más adecuada es la de abandono de persona, ya que creó y sostuvo un escenario de riesgo y omitió actuar para proteger a la víctima cuando ya no podía valerse por sí misma.
Finalmente, los fiscales remarcaron que el caso debe analizarse con perspectiva de género, al tratarse de una muerte violenta ocurrida en un contexto sexualizado. En ese marco, subrayaron la obligación del Estado de investigar y juzgar los hechos conforme a los estándares internacionales de protección de los derechos de las mujeres.
