La jueza Loretta Preska requiere pruebas para establecer si YPF y el Banco Central actúan como «alter ego» del Estado argentino en el caso presentado por Burford Capital.
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En el marco del juicio por US$ 1.600 millones que enfrenta Argentina por la expropiación de YPF en 2012, la jueza estadounidense Loretta Preska ha solicitado al país que demuestre la figura del “alter ego” entre el Estado argentino y la petrolera YPF, así como con el Banco Central. Esta medida busca determinar si estas entidades actúan en representación de los mismos intereses y toman decisiones de manera alineada.
El fondo de inversión Burford Capital, principal beneficiario del fallo condenatorio que obliga a Argentina a pagar aproximadamente US$ 16.000 millones, ha exigido pruebas para sustentar que YPF y el Banco Central funcionan como extensiones del Estado. Durante una audiencia en el tribunal del segundo distrito de Manhattan, donde el caso se ha llevado a cabo por ocho años, las partes presentaron sus argumentos a favor y en contra de esta demanda.
La jueza Preska ha ordenado a Argentina presentar información de los últimos dos años que demuestre la relación y las decisiones tomadas en conjunto con YPF y el Banco Central. Aunque otras entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, Arsat y Banco Nación fueron mencionadas, Preska ha decidido enfocarse únicamente en YPF y el Banco Central en esta etapa del proceso.
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El objetivo de Burford Capital es asegurar que, en caso de que Argentina no pague la sentencia, se puedan embargar activos locales, incluyendo acciones en Wall Street, inversiones en el exterior, bonos y otros bienes. Este enfoque en YPF y el Banco Central podría eventualmente llevar a la autorización de embargos sobre los activos de ambas entidades.
Mientras tanto, Argentina ha apelado el fallo condenatorio en primera instancia y está a la espera de la decisión de la Cámara de Apelaciones, la cual podría tardar al menos un año en resolverse. La resolución de esta apelación es crucial para definir el futuro de las relaciones financieras y legales entre Argentina, YPF y las entidades involucradas.
Este caso sigue siendo un punto crítico de tensión legal y económica para Argentina, con implicaciones significativas para la gestión de sus activos y la relación con los inversores internacionales.
Fuente: NA
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