Los fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez y Juan Pablo Santos, presentaron la acusación contra Alberto Vargas y Marcela Montero por “tráfico de influencias”.
A Vargas, ex funcionario provincial, además se lo imputa por “tenencia de arma de fuego de uso civil condicionado y tenencia de arma de guerra” que fueron encontradas en el allanamiento a su departamento.
En este mismo procedimiento, se secuestraron dispositivos electrónicos que tras ser peritados, en uno se encontraron múltiples archivos con videos e imágenes de contenido pornográfico con la participación de menores de edad.
Vargas, al momento del hecho, se desempeñaba como funcionario en Trelew. El caso se remonta a fines de 2018, mientras un hotel que se pretendía instalar en Puerto Pirámides se encontraba en proceso de aprobación de permisos.
El desarrollador hotelero recibió una solicitud de soborno. Una mujer le dijo que tenía vínculos con funcionarios y que podría obtener la aprobación final de la obra, que por razones de índole administrativas vinculadas al Municipio de dicha localidad, no habían sido aprobadas. Pero le dijo que necesitaba 300 mil dólares.
El inversor junto a su socia canadiense decidieron realizar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
“Le pidieron U$S 300 mil dólares y le indicaron que Vargas, por sus vínculos políticos obtenidos durante su mandato como funcionario de la Provincia y su cercanía con los concejales de Pirámides, iba a influir sobre estos para que aprueben la modificación de la ordenanza que le permitiese obtener la aprobación”, manifestaron desde la Fiscalía.
“(Báez) me preguntó si estaba dispuesto a ayudar en la investigación, a lo que accedí”, recuerda el desarrollador. Como parte de una operación encubierta para ayudar al Fiscal a reunir evidencia, él “les siguió el juego”, interactuando con Montero, la mujer que se había ofrecido como nexo.
Fue así que se recopilaron llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con Montero fueron registrados para la investigación.
Fue así que el hombre se reunió con Montero y con Alberto Vargas en un restaurante. Durante estas reuniones, que fueron filmadas y grabadas por la División de Investigaciones de la Policía, le dijeron que si pagaba un anticipo sobre el soborno “nos darían la aprobación final para nuestro desarrollo, y luego podríamos hacer el último pago. Era como pagar en cuotas”, recordó el inversor.
Los imputados sostenían que “los U$S 300 mil eran necesarios para ‘arreglar’ a cuatro concejales de Pirámides para que voten a favor de la modificación de la ordenanza, que Alberto estaba vinculado políticamente con el intendente de Pirámides”, señalaron los fiscales.
Ahora, tras la solicitud de la Fiscalía, resta que se desarrolle la audiencia preliminar donde la Justicia resolverá si el caso presentado se eleva o no a juicio oral y público.
Finalmente, sobre la “tenencia de pornografía infantil”, se derivó la investigación a un nuevo caso y el próximo 17 de marzo será la audiencia de apertura de investigación.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
