La Municipalidad de Pinamar presentó un recurso de apelación para que se revoque la medida cautelar que prohibió las actividades motorizadas en la zona conocida como La Frontera o “La olla”, donde se realizaban pruebas de destreza, picadas y otras prácticas con vehículos.
En su planteo, el Municipio sostuvo que la decisión judicial es “errada, prematura e irrazonable”, y cuestionó que la cautelar haya sido dictada sin respetar el debido proceso ni otorgar un plazo razonable para ejercer su derecho a defensa y presentar pruebas.
Según el escrito, la medida se basó en una presunción de inacción estatal que no fue verificada ni contrastada, desconociendo las acciones de control y prevención que el Municipio afirma llevar adelante junto a organismos provinciales y nacionales.
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Otro de los ejes de la apelación apunta a la falta de legitimación del demandante, al considerar que el fallo dio por acreditada una supuesta representación colectiva sin un análisis judicial concreto, expreso y fundado.
Además, la Municipalidad cuestionó que se la responsabilice como principal garante del cumplimiento de la prohibición, al señalar que las actividades denunciadas se desarrollan en un predio privado y que la potestad de impedir el ingreso corresponde al propietario del inmueble.
Por último, el Municipio remarcó que las prácticas prohibidas ya se encuentran sancionadas por normas penales, contravencionales y ordenanzas vigentes, por lo que consideró que la cautelar resulta redundante y solicitó formalmente su revocación.
Fuente: Minuto 1.
