Un ciberataque dirigido al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) expone la creciente tensión entre Washington y Beijing por la seguridad nacional y el espionaje económico.
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En un incidente que aumenta las tensiones entre Estados Unidos y China, piratas informáticos chinos violaron los sistemas de una oficina clave del gobierno estadounidense, según informaron funcionarios familiarizados con el caso. El objetivo fue el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), una entidad encargada de revisar las inversiones extranjeras que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.
Este ciberataque forma parte de una incursión más amplia en el sistema no clasificado del Departamento del Tesoro, que fue detectada recientemente. La oficina afectada, el CFIUS, obtuvo en diciembre mayor autoridad para examinar transacciones relacionadas con bienes raíces cercanos a bases militares estadounidenses, un tema de creciente preocupación para los legisladores y funcionarios de seguridad nacional.
El interés chino en esta oficina no es casual, ya que tiene el poder de bloquear inversiones extranjeras, particularmente de China, en sectores estratégicos. Según la CNN, las autoridades estadounidenses han señalado que Beijing podría utilizar adquisiciones de tierras cercanas a instalaciones militares como medio de espionaje, exacerbando los temores de vulnerabilidades en seguridad nacional.
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Este ataque subraya la persistente amenaza que representa la actividad cibernética china en áreas sensibles del gobierno estadounidense. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre los datos comprometidos, el incidente ha reforzado los llamados a fortalecer la seguridad cibernética en las agencias gubernamentales encargadas de proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Con las relaciones entre las dos superpotencias en un punto álgido, este ciberataque podría intensificar aún más las tensiones diplomáticas y económicas. Las autoridades continúan investigando la magnitud del robo de información y posibles repercusiones en las políticas de inversión y seguridad.
Fuente: La Razón
Foto: Archivo