Desde que asumió el cargo, Mario Russo, ministro de Salud de Argentina, está trabajando en un reordenamiento profundo de los programas y partidas del Ministerio de Salud. Russo, quien denunció un «despilfarro de recursos» en la cartera, busca redefinir competencias con las provincias para mejorar la eficiencia de la atención sanitaria. «Hoy el sistema de salud está quebrado y nosotros vinimos a refundarlo», declaró recientemente.
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Uno de los pilares de este reordenamiento es la propuesta de cobrar por la atención de salud a los ciudadanos extranjeros no residentes y limitar la compra de ciertos medicamentos de alto costo. Esta medida, que ya fue adoptada por provincias como Salta, Mendoza y Santa Cruz, apunta a reducir el gasto del Estado en la asistencia de personas no residentes. El ministro explicó que este cambio cultural es necesario para optimizar el uso de los recursos públicos.
El cobro a extranjeros y la limitación de ciertos fármacos son solo parte del plan. Russo también está impulsando la implementación de la Ley Bases, aprobada en junio de 2024, y su propio paquete legislativo para profundizar la descentralización de la gestión de salud. Esto incluye la finalización de la emergencia sanitaria, vigente por más de 20 años, y la propuesta de una reforma tributaria para el sector sanitario.
El ministro enfatiza la necesidad de que la cartera nacional ejerza un rol de rectoría y coordinación, brindando lineamientos a las carteras sanitarias de cada jurisdicción. La redefinición de competencias con las provincias busca una mirada federal, reconociendo las diferentes necesidades de cada región del país. Esta reestructuración también implica un recorte en la estructura política y la eliminación de subsidios al sector privado para lograr una asignación más eficiente de los recursos.
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En julio, la implementación de nuevos controles permitió descubrir un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud. Según el portavoz presidencial Manuel Adorni, se detectaron fraudes por unos USD 3.400 millones, incluyendo pensiones falsas y gastos discrecionales. Russo asegura que su gestión no pondrá en riesgo la salud, pero subraya la necesidad de optimizar los presupuestos y empoderar a las jurisdicciones.
Fuente: Infobae.
Foto: EL PAÍS.
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