Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción de amparo colectivo para frenar la reciente reforma de la Ley de Glaciares, sancionada por el Congreso el pasado 9 de abril. El planteo judicial fue radicado en la Justicia federal de La Pampa y solicita además una medida cautelar que suspenda la aplicación de la norma en todo el país hasta que se defina su constitucionalidad.
La iniciativa es impulsada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, con el respaldo de más de 850 mil firmas de ciudadanos. También acompañan la presentación referentes como Marta Maffei, junto a asambleas territoriales y entidades como Amnistía Internacional y el CELS.
La norma original, la Ley 26.639, fue aprobada en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y estableció presupuestos mínimos para la protección de glaciares como reservas estratégicas de agua. Sin embargo, las organizaciones sostienen que la reforma aprobada recientemente debilita ese marco de resguardo ambiental.
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Entre los cuestionamientos, los demandantes señalan irregularidades en el proceso legislativo, como la limitada participación ciudadana en audiencias públicas. Según indicaron, de más de 100 mil inscriptos solo una porción mínima pudo exponer, lo que, a su entender, vulnera los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú.
El amparo también advierte que la modificación implica un retroceso en materia ambiental y contradice principios de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Además, cuestiona que se habiliten criterios discrecionales a nivel provincial para definir áreas protegidas, lo que podría afectar la preservación de zonas glaciares y periglaciares.
La medida cautelar busca frenar autorizaciones para actividades extractivas en áreas protegidas, en base a estudios del Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En ese contexto, las organizaciones remarcan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ya ratificó en 2019 la constitucionalidad de la ley original, subrayando la importancia de mantener estándares mínimos de protección ambiental.
Fuente: Perfil.
