La Casa Rosada mantendrá las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, pero impulsa modificaciones y ajustes escalonados para cumplir con la meta fiscal que exige Javier Milei.
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El Gobierno nacional definió no avanzar con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, y en su lugar diseñó un paquete de propuestas orientadas a preservar el equilibrio fiscal de cara al Presupuesto 2026, uno de los lineamientos innegociables del presidente Javier Milei. La decisión se tomó un día después de ratificar públicamente la necesidad de aprobar una ley de gastos sin déficit fiscal.
Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el Poder Ejecutivo respetará la ley que establece la emergencia en discapacidad, aunque propondrá modificaciones para limitar su impacto presupuestario. Entre los principales cambios figura que la pensión no contributiva pase a representar el 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones sujetas al régimen previsional vigente. Además, será compatible con un vínculo laboral siempre que los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles, actualmente fijados en $334.800 desde el 1° de diciembre.
El esquema oficial también contempla mantener la compensación de emergencia retroactiva para prestadores, cuya actualización se definirá en base a los aranceles aprobados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, junto con la variación del Índice de Precios al Consumidor. El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad serán los organismos encargados de establecer trimestralmente el mecanismo de ajuste, con referencia al IPC en caso de no existir acuerdo.
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Otro de los ejes centrales de la propuesta apunta a profundizar y acelerar las auditorías de las pensiones, con el objetivo de detectar irregularidades y avanzar en la baja de beneficios otorgados de manera indebida. En ese marco, el Gobierno impulsará la eliminación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y mantendrá únicamente la correspondiente a invalidez laboral, al considerar que la norma vigente ampliaba de forma desproporcionada el universo de beneficiarios.
En cuanto a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, el Ejecutivo descartó su derogación pero propondrá un aumento del 20% en el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento sobre los créditos asignados en 2025. Respecto de los salarios docentes y no docentes, la actualización dejará de ser automática por inflación y se aplicará de manera escalonada: un 5% desde diciembre de 2025 y luego cuatro incrementos del 2% entre enero y abril de 2026.
Asimismo, el Gobierno buscará que junio sea el mes de referencia para evaluar compensaciones por inflación, en lugar de aplicar ajustes automáticos, y avanzará en el reconocimiento del aumento de becas universitarias previsto en la normativa.
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En paralelo, la administración libertaria retomará los artículos restantes del capítulo XI del proyecto presupuestario, incluyendo la incorporación de fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires para que la Nación realice adecuaciones presupuestarias en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. La decisión se conoció tras la reunión entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda.
En Balcarce 50 confían en que el Presupuesto 2026 pueda ser aprobado en diciembre y consideran que la flexibilización de algunos puntos facilitará la negociación con gobernadores y bloques aliados. Según fuentes oficiales, la sanción de la ley de gastos es clave para avanzar en febrero con una reforma laboral que incluirá cambios de carácter tributario.
